El Ministerio de Industria quiere recortar en un 30% las tarifas que abona actualmente a los productores de energía solar a pesar de que el decreto que regula estas instalaciones, el 661 del año 2007, garantizaba un precio mínimo durante 25 años para atraer a los inversores. Ahora, miles de ellos pueden acabar en la "ruina" ya que muchos solicitaron créditos para financiar los paneles que no serán capaces de devolver, según denunció ayer Luis Calatayud, de la Asociación Nacional de Productores de Energías Renovables (Anper), quien calcula que unas 55.000 personas en todo el país y más de 5.000 en la Comunidad Valenciana tienen invertidos sus ahorros en este negocio.
La medida tampoco resulta aceptable para el resto de asociaciones empresariales del sector, Asif, Aer y Appa, que ayer abandonaron bruscamente la reunión que mantenían con el secretario de Estado de Energía, Pedró Marín, cuando les comunicó la decisión del Gobierno. Además del recorte en los pagos a los productores ya instalados, Industria también pretende reducir en un 45% las tarifas para los huertos solares que se construyan en terrenos rústicos a partir de octubre; en un 25% las grandes instalaciones sobre tejado, y en un 5% las pequeñas. El objetivo es recortar en unos 1.000 millones de euros lo que se conoce como déficit de la tarifa eléctrica, que es la diferencia entre lo que pagan los consumidores y el coste real de producción de la electricidad. La decisión también responde a las presiones de las compañías gasistas, que han visto mermar sus ingresos al reducirse la producción de las centrales de ciclo combinado por el auge de las renovables. Ayer mismo el consejero delegado de Gas Natural-Fenosa, Rafael Villaseca, denunciaba que las subvenciones a la solar y la eólica supondrán 150.000 millones de euros en diez años.
Calatayud, sin embargo, denuncia la inseguridad jurídica que esta situación genera. "Mucha gente invirtió pensando que era un negocio seguro, los propios bancos te lo vendían casi como un producto de ahorro garantizado durante 25 años", asegura el representante de Anper. Luis Calatayud también advierte de las consecuencias que puede tener el recorte para la imagen internacional de España y para su credibilidad en los mercados ya que, entre los inversores también hay fondos de pensiones norteamericanos y europeos.
