Por muy fría que se presente, la fusión entre Bancaja y Caja Madrid completa la "desvalencianización" del entramado financiero de la Comunidad, que inició la CAM con su alianza con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria. Y esto, a su vez, resta poder a un hipotético polo valenciano que rivalice en España de forma independiente con el catalán y el madrileño. Ésta es la lectura que ayer hicieron los sindicatos del pacto que alumbrará la mayor caja de ahorros de España.
El más directo fue el secretario general de CC OO-PV, Paco Molina. En su opinión, con esta alianza "el País Valencià queda huérfano de un instrumento financiero potente y valenciano que posibilite el desarrollo de nuestra comunidad". Molina culpó de esta situación "a los diferentes partidos que han gobernado la Generalitat" y que "han jaleado la consolidación de dos bandos enfrentados en Bancaja y la CAM. Con la consolidación de esos reinos de taifas, entre todos han demostrado tener muy poca visión estratégica", añadió el dirigente sindicalista. La fusión entrañará "una pérdida de la valencianidad" de Bancaja y, por ende, de la Comunidad, concluyó Molina.
A juicio de Juan Pérez, secretario general del SATE -sindicato mayoritario en Bancaja-, la "desvalencianización" del corazón financiero de la Comunidad tiene otro reverso negativo: "la pérdida de poder e influencia de la Comunidad en el conjunto de España" porque "ninguna de las dos cajas autonómicas va a protagonizar ningún grupo fuerte del país. Caja Mediterráneo compartirá liderazgo con los asturianos y Bancaja quedará eclipsada por el oso verde de Caja Madrid. Mejor habría sido que Bancaja se hubiera quedado sola o hubiese aglutinado a cajas más pequeñas", añadió Juan Pérez. Por su parte, el secretario general de UGT-PV, Conrado Hernández, dijo que hubiera preferido "fusiones distintas" tanto para la CAM como para Bancaja. "Probablemente, hubiera sido mejor una gran caja con capital valenciano en nuestra comunidad", añadió, porque ahora "el órgano neurálgico de decisión se aparta de aquí". Esta medida, en su opinión, "perjudica" a la cohesión territorial y a la posibilidad de construir una comunidad autónoma fuerte.
Los tres sindicatos coincidieron en la necesidad de que se "preserven los puestos de trabajo y las condiciones laborales".
Además, SATE reclama que se proteja al máximo a los 700 trabajadores de los servicios centrales de Bancaja -"los más vulnerables" por la duplicidad de servicios- y que se "uniformicen" las condiciones laborales de los empleados de la nueva entidad.
