El presidente del Consejo General de los Colegios de Economistas de España, Valentí Pich, pidió ayer en Elche, donde se celebró el Foro Concursal de Profesionales organizado por el Colegio de Economistas de Alicante, que el "Gobierno central, las comunidades autonómicas y los ayuntamientos, deberían hacer un ejercicio de responsabilidad y no penalizar a las empresas que tienen problemas económicos puntuales y piden un aplazamiento de sus pagos a Hacienda, la Seguridad Social, el IBI u otro tipo de cargas fiscales".
Pich indicó que si una empresa pide un aplazamiento de estos pagos se ve obligada a abonar un recargo del 5%, cuando lo que habría que hacer es "facilitarle la vida. Convendría poder fraccionar esos pagos. Hay normas que enredan, despistan y crean inquietud", comentó. El presidente de los economistas añadió que frente a esta situación que sufren las empresas "es escandaloso que haya administraciones públicas que no realizan sus pagos hasta transcurridos dos años. Esto no es serio", dijo.
Pich, junto al decano del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues, y el vocal de la junta de gobierno y miembro del Consejo Directivo del Registro de Economistas Forenses (REFOR), Antonio Rodríguez Villanueva, manifestaba su preocupación por los efectos de la crisis económica. "Entre un 30% y un 40% de facturación se ha perdido en el sector privado durante el pasado año. Los recortes en el acceso a la financiación también afectan para que pueden haber más procedimientos concursales", indicó al tiempo que pidió al Gobierno una mejor gestión de los fondos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que el dinero llegue a las empresas.
Tampoco se escaparon los bancos y cajas de ahorro de las crítica de los economistas. Así, Francisco Menargues afirmó que el empresariado de la provincia es emprendedor y se adapta bien a las circunstancias adversas. Hay cierta mejoría que viene por un repunte exportador, pero la situación sigue siendo difícil. El tema de la financiación es muy importante y por desgracia los bancos no están apoyando lo que se requiere en este momento y restringen las líneas de financiación a las empresas. Si eso no mejora esto será un lastre para la recuperación económica", señaló.
"Stock" de viviendas
Estas críticas a las entidades financieras se hicieron extensivas en el ámbito de la gestión inmobiliaria que desarrollan bancos y cajas a través de sociedades filiales al haber tenido que asumir determinados stocks de viviendas. "Esta situación está creando disfunciones en el mercado inmobiliario porque las entidades dan financiación para quienes quieren comprar una de sus casas y ponen trabajas a los que quieren comprar a las promotoras", comentó Menargues
El Foro Concursal congregó ayer en Elche a cerca de 250 profesionales de Alicante, Valencia, Murcia y Albacete, así como trece magistrados y una letrada de la secretaría técnica del Banco de España. La actual Ley Concursal va a cumplir seis años y entre las propuestas para su reforma los profesionales también incluyen la necesidad de conferir más poder de decisión a los administradores concursales para determinar en la primera fase del concurso si una empresa es o no viable.
