Quieren un compromiso por escrito y detallado y no sólo promesas verbales. Los sindicatos Sicam y UGT ya han solicitado formalmente a la dirección de Caja Mediterráneo (CAM) la constitución de una mesa negociadora para que se garantice mediante un acuerdo laboral las condiciones de la plantilla una vez que concluya la integración de la entidad alicantina con Cajastur y las cajas de Extremadura y Cantabria.

En el primer encuentro que mantuvieron los directivos y los sindicatos se aseguró que cualquier ajuste de plantilla se realizaría de forma "no traumática" (mediante prejubilaciones) y que se respetarían las condiciones actuales de todos los empleados. Sin embargo, tanto Sicam como UGT consideran que quedan muchos flecos por definir y que la incertidumbre empieza a hacer mella entre los empleados, que "no tienen claro su futuro".

"Los compañeros de las oficinas de las zonas de expansión (las que están fuera de la Comunidad, Murcia o Baleares) son los que más nerviosos están. Se supone que estas oficinas pasarán a depender del nuevo banco y quieren saber cómo se va a hacer el cambio de titularidad y también que les pongan por escrito que mantendrán el sueldo y todo igual que ahora", explicaba ayer el secretario general del Sicam, Manuel Navarro Bracho.

Entre la plantilla de los denominados servicios centrales de la caja también hay "muchísima inquietud", según el secretario general de la sección de UGT en la CAM. A pesar de que el director general de la entidad, Roberto López Abad, señaló que la sede del grupo en Madrid "será más conceptual que operativa" y que las sedes de las distintas cajas seguirían realizando la mayor parte del trabajo, estos trabajadores "piensan que si se va a racionalizar la estructura, son ellos los que más afectados se pueden ver", apunta Pastor. "Tendrán que ofrecer traslados a Madrid y las condiciones de esos traslados es otro de los puntos que hay tratar", añade Navarro.

En una primera estimación se trasladó a los sindicatos que la reducción alcanzaría a un máximo del 10% de la plantilla de la caja, formada por casi 7.000 personas, aunque oficialmente la entidad asegura que aún es pronto para tener una cifra concreta y se limitan a señalar que el impacto será "mínimo". En cualquier caso, se aseguró que no habría despidos y que el ajuste se produciría mediante prejubilaciones, con las que estarían de acuerdo los sindicatos. Pero "una cosa es que nos lo digan y otra muy distinta que lo plasmen en un documento", apunta el representante de UGT.

El temor de los sindicatos es que esta situación se prolongue más de la cuenta. Saben que los directivos están centrados ahora mismo en las negociaciones sobre el contrato de integración con el resto de las cajas y también en la presentación de la solicitud de ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que hay que formular antes del 15 de junio. "Como el acuerdo laboral no es necesario para aprobar el SIP, nos dejarán para el final y deberían entender también la preocupación de la gente", se lamenta Manuel Navarro.

La CGT exige mejoras

Por su parte, desde la CGT ya han presentado incluso sus propias propuestas y exigen que se aproveche la situación para mejorar las condiciones de la plantilla. Así, reclaman el pase a indefinidos de los empleados temporales, la consolidación de las 22 pagas para todos (ahora los nuevos empleados deben ganárselas mediante exámenes internos) y la libranza de todos los jueves por la tarde.