Las prestaciones del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) superaron los 36,8 millones de euros en la provincia en el primer cuatrimestre del año. Esta elevada cuantía -deuda de salarios e indemnizaciones de empresas insolventes con sus trabajadores- supone más del 81% del total de abonos que este organismo, dependiente del Ministerio de Trabajo, realizó durante todo el pasado año y que superó los 45,3 millones de euros.

El sindicato CC OO atribuye el abultado volumen de las prestaciones en lo que va de año "al aumento de insolvencias empresariales registradas en la primera parte de 2010", según explicó Salvador Roig, responsable de comunicación de la ejecutiva de CC OO en l´Alacantí-Les Marines.

Para el dirigente sindical, el elevado montante de los pagos del Fogasa "desmonta el argumento de la patronal de la CEOE de abaratar los despidos, ya que éstos no les resultan tan caros a los empresarios cuando la mayoría de la deuda salarial, al final, la tiene que asumir el Estado -a través del Fogasa- por declararse insolventes", añadió Roig. Precisamente, el abaratamiento de las indemnizaciones por despido es uno de los escollos que mantiene bloqueada la negociación de la reforma laboral por las dicrepancias entre la patronal y los sindicatos.

Las estadísticas detalladas del primer trimestre de este año reflejan, además, que los 25,6 millones que el Fogasa ha tenido que abonar a 4.462 trabajadores en concepto de salarios o indemnizaciones adeudados por sus empresas representan un 206,6% más que los 8,3 millones que significaron las prestaciones del primer trimestre de 2009, una de las épocas con mayor incidencia de la actual crisis para el empleo y la actividad económica.

En los tres primeros meses de este año se tramitaron ante el Fogasa 2.531 expedientes (968, en 2009) por los cierres e insolvencias de 1.840 empresas alicantinas (787, en 2009), que afectaron a 4.462 empleados (2007, en 2009).

Pese a los leves síntomas de moderación del desempleo, los últimos datos de Fogasa vuelven a recordar los graves efectos que la crisis sigue causando en el empleo. El plazo medio desde que un trabajador es despedido por un cierre empresarial hasta que percibe los salarios adeudados pasan entre 12 y 18 meses debido a la tramitación -incluido el paso por el juzgado- "que se deriva de los cierres y de las declaraciones de insolvencias por parte de las empresas para pagar a los trabajadores", según CC OO. Mientras tanto, los despedidos sí cobran la prestación del paro.