La reforma laboral se pondrá en marcha antes de que acabe junio haya o no acuerdo con los agentes sociales, según el Gobierno, que todavía cree que existe margen para el pacto a pesar de las "diferencias" existentes entre las partes. El Gobierno y los agentes sociales volvieron a reunirse ayer con el fin de impulsar la negociación para reformar el mercado de trabajo.
En ella participaron, al igual que el pasado sábado, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho; el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez. El resultado fue el mismo que el del sábado: no hubo acuerdo y nuevamente se constataron las diferencias.
Sin embargo, en un comunicado conjunto de tres párrafos las partes afirman que "todavía hay margen para el acuerdo", por lo que decidieron "continuar reuniéndose en los próximos días". En la nota no se concreta hasta cuándo seguirán las conversaciones a pesar de que ayer terminaba el plazo que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, había fijado en un principio para que terminasen las negociaciones y se llegara a un acuerdo.
Por si acaso, fuentes gubernamentales explicaron el pasado viernes que el plazo se alargaría unos días, ya que la idea que barajan es que el Consejo de Ministros del próximo 11 de junio estudie la reforma laboral, bien sea consensuada con los agentes sociales o bien a propuesta del Ejecutivo. Al respecto, fuentes de la negociación informaron de que las reuniones seguirán esta semana y "algún día más de la próxima".
A falta de que se conozca cuál es la fecha tope, lo que dejó bien claro ayer la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, es que en junio ya estarán en marcha los cambios en el mercado laboral. Según Salgado, ha llegado el momento de contribuir a tener un empleo más estable y productivo en el futuro. Al respecto, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, reiteró que el Gobierno está haciendo todos los esfuerzos para el acuerdo, pero, si no, actuará "en solitario".
Documento del Gobierno
Lo que propone el Gobierno -su último documento de medidas es del 12 de abril pasado- es generalizar el uso del contrato de fomento del empleo estable -cuya indemnización es de 33 días frente a los 45 de un fijo ordinario-, poner en marcha un plan de choque para frenar el desempleo juvenil y concentrar las bonificaciones a la contratación en los jóvenes, las mujeres y los parados de larga duración.
También aboga por la implantación del modelo austriaco de desempleo -los trabajadores cuentan con un fondo que pueden capitalizar si son despedidos o bien llevárselo a su nuevo empleo y emplearlo cuando se jubilen- y por el modelo alemán que utiliza la reducción de jornada como alternativa a los despidos.
Mientras que sobre la segunda de las propuestas los empresarios y los sindicatos tienen posiciones cercanas, sobre la primera no; además tampoco se ponen de acuerdo sobre las causas y las indemnizaciones por despido.
Los empresarios quieren que se abarate la salida del mercado de trabajo y los sindicatos lo consideran inaceptable. Por ello, CCOO y UGT han advertido de que convocarán una huelga general al Gobierno si legisla unilateralmente y aprueba una reforma "lesiva" contra los derechos de los trabajadores.
Entretanto, la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, destacó ayer que en España hace falta una reforma laboral "urgentemente" para garantizar la estabilidad en el empleo y criticó que Rodríguez Zapatero lleve dos años para llevarla a cabo.
Para el coordinador general de IU, Cayo Lara, habrá huelga general si se producen recortes a los derechos conquistados a lo largo de los años por los trabajadores.
Durante la clausura de la XXVII Asamblea Anual de Socios del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), la vicepresidenta económica del Gobierno señaló que "si no hay resultados en la negociación que mantienen los agentes sociales, la pondrá en marcha el Gobierno en muy corto plazo".
Prioridades del Ejecutivo
La ministra incidió en que el Ejecutivo pondrá en marcha las reformas necesarias para el buen funcionamiento de la economía, como ya ha hecho anteriormente con la reducción de las trabas en el sector servicios o la eliminación de ciertas distorsiones en el inmobiliario. La vicepresidenta subrayó que las dos prioridades del Gobierno son ahora la reforma del sector de cajas y la flexibilidad del mercado laboral, "aspectos que la agencia de medición de riesgo Fitch advirtió el pasado viernes de que pueden dificultar la mejora económica en España".
También destacó que a partir del próximo 15 de junio se pondrá en marcha la línea ICO directo para préstamos a pymes y autónomos. La vicepresidenta insistió en que las medidas para recortar el déficit defendidas por el Gobierno son "duras, pero necesarias" e incidió en que tendrán un aspecto positivo como es la reducción de la incertidumbre de manera inmediata, al tiempo que dejó la mano tendida al diálogo para pactar próximos acuerdos con los partidos.
