Ante la falta de demanda de viviendas de obra nueva en los municipios menos turísticos de la provincia, tanto los empresarios, como los sindicatos han puesto sus esperanzas en el negocio de la rehabilitación como alternativa para generar actividad. Una reorientación del sector que también se apoya desde el Gobierno central y la Generalitat a través del vigente Plan de Vivienda, que establece incentivos fiscales y subvenciones para los propietarios que acondicionen sus inmuebles.
El resultado fue un aumento del 12% en el número de actuaciones de este tipo en la provincia durante el año pasado, con aproximadamente 1.881 proyectos visados por el Colegio de Aparejadores. Sin embargo, al igual que con la construcción de nuevos edificios, las reticencias de los bancos a financiar este tipo de intervenciones también se están conviertiendo en un lastre para el desarrollo del negocio, según denuncia el presidente de Fecia, Ramón Jérez. Para vencer la resistencia de las entidades, desde la patronal se propone que el Estado se convierta en garante de los préstamos que soliciten las comunidades de propietarios, ya que la falta de avales suele ser la principal pega para conceder los préstamos
