El Gobierno boliviano decidió ayer retirar el permiso de operaciones de la aerolínea Lamia y suspender a las autoridades del sector aeronáutico mientras se investigan las causas que llevaron a permitir el despegue del avión que se estrelló el lunes en Colombia, en el que viajaba gran parte de la plantilla del Chapecoense. La decisión afecta a las principales autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), anunció el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Milton Claros.

«No responsabilizamos a ninguna persona, pero mientras duren las investigaciones vemos conveniente que los ejecutivos puedan ser suspendidos», dijo Claros. La DGAC se encarga de la supervisión técnica de las aeronaves y AASANA aprueba los planes de vuelo.

El Ministerio de Obras Públicas ordenó, además, hacer dos investigaciones: una sobre por qué se otorgó a Lamia una certificación como operador aéreo y si cumplía todos los requisitos y la otra sobre el capital de la empresa, sus accionistas y ejecutivos.

Claros agregó que se supervisa la investigación que ya lleva a cabo la DGAC sobre el accidente y «todos los eventos referidos a los permisos otorgados» para que el avión despegara el lunes desde el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz. Hasta la fecha, en el ministerio no tienen «la certeza de cuál ha sido la falla precisa» de la aeronave de Lamia, que se estrelló causando la muerte de 71 personas.