El rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, habló ayer más del futuro que del presente para justificar la resolución dictada desde su departamento por la que se admitía la petición para que desaparezcan de la búsqueda digital los datos del secretario del consejo de guerra contra Miguel Hernández, Antonio Luis Baena Tocón. El rector llevó por vía de urgencia al consejo de gobierno de la UA este tema que afecta a una artículo publicado por el catedrático de Literatura Juan Antonio Ríos Carratalá, para informar del procedimiento a seguir para revocar esa medida, tal como aseguró el Palomar.
El representante de esta institución académica informó del proceso que ha llevado a la resolución, «aún no firme», pero que de momento mantendrá la retirada de la plataforma RUA del enlace al artículo del profesor. Se trata de un procedimiento administrativo, aseguró, que solo podrá continuar si el afectado presenta un recurso de alzada, de manera que se pueda recabar más información con el objetivo de revertir la decisión. Una decisión que responde a «una urgencia», ya que el plazo era de 30 días, «y se resolvió con la información y las circunstancias de ese momento».
Los términos del documento firmado por el gerente de la UA, Rafael Pla, corresponden a la delegada de Protección de Datos, Teresa Cantó, y la resolución se efectuó en el propio Rectorado que también debe ser donde se cambie ahora, ya que el consejo de gobierno no tiene potestad para tomar estas decisiones. Si en el documento emitido el pasado viernes -ya que el plazo para resolver el procedimiento administrativo en primera instancia acababa el lunes- la decisión se inclinaba a favor del hijo de Baena Tocón, el rector espera que el trámite administrativo continúe para poder «revertir el proceso y que prime el acceso a la información».
Explicó que «no se actúa contra la investigación, no se censura, no hay un borrado digital, lo que hay es una ponderación de unos derechos dentro del derecho al olvido». Por un lado, «el derecho a la información y por otro el derecho a la protección de datos». En este sentido, su intención es conseguir jurídicamente un cambio de normativa para que el índice donde está alojado el artículo (RUA) «forme parte de la obra de investigación en su conjunto», de manera que ese índice sea parte del trabajo académico y sea «inalterable», ya que quedaría fuera de la Ley de Protección de Datos.
En ningún momento, «la resolución cuestiona la investigación, ni limita la labor de los investigadores, está claro. Estamos hablando del derecho al olvido, que tiene unas características novedosas, que yo creo que hemos abordado por primera vez en la UA».
Ahora se está recabando más información sobre el caso, que se está gestionando desde el Consejo de Dirección de la UA y, sobre todo, por parte de la delegada de Protección de Datos, el gerente y el vicerrector de Tecnología. «A nadie le gusta ser noticia, pero la noticia exacta es que estamos ponderando dos derechos de algo que es novedoso».
Una resolución «vergonzante»
El catedrático de Historia y miembro del consejo de Gobierno de la UA Armando Alberola no se mostró muy satisfecho después de la reunión. «Han intentado derivar el asunto exclusivamente a la parte tecnológica, pero lo del metadato es otra historia», destacó. «Yo he preguntado reiteradamente por qué el consejo de dirección decide responder a ese escrito que presenta un particular, aunque no me han dado respuesta».
Alberola considera que «esas cosas se pueden pedir», pero «para que se ponga en marcha la maquinaria es necesario que esté debidamente documentado y argumentado por quien lo solicita y, además, que lo que se dice en el artículo no sea verdad. Nada de esto se aporta y además lo que publica es absolutamente cierto y contrastado porque figura en un expediente, que es un documento público, y en un archivo».
El catedrático se pregunta por qué el consejo de dirección «decide meterse en este fregado; a esta pregunta que he hecho muchas veces no se me ha respondido. No se entiende por qué se ha dictado esta resolución tan indigna, tan vergonzante, donde quien queda en mal lugar es el autor porque se cuestiona su trabajo, su investigación honesta».
Además, «alguien decide que la figura de este señor no es pública, pero aparece en archivos y documentos públicos; este es el gran desastre», puntualiza. De hecho, Alberola preguntó «cuántos miembros del consejo de dirección estaban de acuerdo con esta resolución y no se me ha contestado». Según su criterio, «nunca se habría tenido que responder o decir 'mire usted, no procede que se inicie el procedimiento porque no adjunta lo que exige la ley para que pueda llevarse a cabo' y en todo caso, se consulta a la Agencia de Protección de Datos, pero no se hace y deja en mal lugar a quien lo ha redactado y al consejo de dirección».
«Se habla del derecho al olvido, pero yo contra el derecho al olvido confronto el derecho a la verdad histórica», concluyó.
