No resulta complicado entender que si abres una tienda necesitas mercancía y que para ello debes pagar al proveedor. Sencillo y lógico. Sin embargo parece difícil de comprender que si una plataforma en internet (tienda) utiliza contenidos que ofrecer (mercancía) tiene que abonar su valor a los autores (proveedor).
Corren nuevos tiempos, internet se ha metido en las vidas de los usuarios y ha hecho de lo intangible moneda de cambio. O más bien, moneda de beneficio. Los legisladores han iniciado una carrera de fondo en un escenario desconocido, que avanza a pasos agigantados mientras las leyes se dirimen en procesos interminables.
Al final del camino llega ahora la Directiva Europea de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital. Un rimbombante nombre para un documento que pretende conseguir un internet más justo y equitativo con los creadores. La próxima semana, después de pasar por la Comisión Europea en septiembre por segunda vez y ser aprobada, y de que el Consejo Europeo diera luz verde en febrero, se vota en el Parlamento Europeo esta normativa que comenzó a fraguarse en 2016 y que ahora se juega regular este ingente escenario desbocado que durante años lleva beneficiando sin trabas a los gigantes de internet.
La revolución digital ha llevado a Google a pasar de facturar 400 millones de dólares en 2002 (355 millones de euros) a más de 109.000 millones de dólares en 2017 (unos 97.000 millones de euros). Sin embargo, según las estimaciones de los últimos estudios de mercado que recoge El Economista, tanto esta plataforma como Facebook solo declararon el 6 por ciento de los 1.200 millones que ingresan en España por publicidad.
Unas cantidades desorbitadas que no revierten de manera justa en los creadores que son «los que abren la cadena de valor de la cultura», tal como asegura el compositor Luis Ivars, único español en la junta directiva de ECSA (Alianza Europea de Compositores y Autores). De hecho, a propuesta de este organismo se han incluido tres artículos en la directiva con el objetivo de aportar mayor transparencia y mejores condiciones contractuales para los creadores. Y junto al Authors Group, que representa más de 500.000 autores europeos (incluyendo periodistas, directores de cine y TV, guionistas, escritores, traductores literarios, compositores musicales, fotógrafos y coreógrafos), ha remitido esta misma semana una carta abierta a los europarlamentarios con el apoyo de 108 asociaciones nacionales europeas. Iniciativa que se ha repetido a nivel nacional, con un escrito destinado a los europarlamentarios españoles apoyada por cerca de una treintena de asociaciones de autores que representan al tejido creativo musical.
Un dato más. Las industrias culturales y creativas de Europa generan un valor añadido de 509.000 millones de euros al PIB, sumando el 7,5% de la fuerza laboral de la UE. Algo que no se refleja en los beneficios de los creadores en el ámbito digital.
Pero ¿dónde está el escollo que provoca el enfrentamiento entre plataformas y autores, y entre los propios eurodiputados? Pues en dos artículos: el 11 y el 13.
El primero contempla que los editores de prensa tengan derecho a reclamar compensaciones por compartir sus artículos o fragmentos de los mismos en plataformas digitales como Facebook o Twitter.
España ya plantó cara en el pasado a los agregadores de noticias con el cobro de un canon por las informaciones y enlaces utilizados, tal como establece la nueva Ley de Propiedad Intelectual. Como resultado, en noviembre de 2014 Google News anunció que cerraba la plataforma en nuestro país. O sea, si tengo que pagar a quienes me nutren de contenido pues cierro el chiringuito.
Ahí la Asociación de Medios de Información (AMI), que reúne a más de 80 medios de información nacionales y regionales, generalistas y deportivos, encabeza esta lucha por conseguir que el uso de los contenidos periodísticos tenga una contrapartida justa en estas plataformas.
El segundo artículo obliga a los gigantes tecnológicos, como Google, Facebook o Youtube, a ser responsables de que los contenidos que comparten sus usuarios no infrinjan derechos de autor. Para ello, tendrán que adoptar filtros de identificación de contenido que garanticen el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con los titulares de derechos para el uso de sus obras.
Hasta ahora, como recuerda Ivars, han trabajado bajo la fórmula safe harbour (puerto seguro). Es decir, servían contenidos, por muy tóxicos que fueran, sin ninguna responsabilidad, solo ponen «la nave» a disposición del usuario. Esto que parece simple, adquiere grandes dimensiones cuando se piensa el poder que acumula esta falta de control. Solo hay que remitirse a las fake news (noticias falsas), que han sido capaces de encumbrar a Trump a la presidencia de Estados Unidos y al Reino Unido al sí al Brexit.
En este punto, otra reticencia de los defensores del todo gratis en internet se centra en el recorte de la libertad de expresión y las posibilidades de censura al aplicar los filtros. Pero no es ese el objetivo de la directiva. Al contrario, no se van a prohibir los memes, gifs o críticas, sino que dotan al usuario de mecanismos de rectificación por si los filtros los bloquean por error, ni las medidas antes descritas para los grandes gigantes de internet incluyen a pequeñas empresas o start-ups, que no tendrán que implementar estos filtros, de manera que se protege al autor pero también a las pequeñas empresas frente a los grandes monopolios.
Las plataformas americanas alertan de que esta directiva supondrá el final, por ejemplo, de las enciclopedias digitales, «pero hay artículos de la directiva que garantizan que esto se respete», apunta el compositor alicantino. Confundir censura con regulación es peligroso. «Y sin normas tampoco hay libertad».
El rechazo de Google es tal que se habla de que gastó decenas de millones de euros antes de la votación de septiembre para apoyar webs contrarias a las nuevas reglas y crear un lobby. Sin embargo, la plataforma europea Qwant se ha pasado al otro bando y ha anunciado que va a empezar a remunerar justamente a los autores, incluso antes de que entre en vigor la normativa, que de ser aprobada no se aplicaría en las leyes nacionales hasta 2021.
Modernizar los derechos de autor en la era digital es una necesidad. La próxima semana los eurodiputados tendrán ocasión de hacer historia si respaldan esta normativa. Todo un reto y una responsabilidad. «Desechar la directiva ahora, no solo revertiría el trabajo del Parlamento Europeo sino que también sería un revés sin precedentes para todos los creadores de Europa», aseguran los firmantes de la misiva enviada a los europarlamentarios.
Quizá este artículo, que lleva mi nombre, empiece a dar vueltas por agregadores de noticiasn en internet. Quizás aparezca sin mi firma. Y quizás dé visitas a muchas páginas que se acompañan de publicidad. Quizás pase. Aunque ni yo, ni este periódico, recibamos nada por ello.
