El Ejecutivo catalán, que se ha posicionado en reiteradas ocasiones en favor de la revisión de la condena de Companys, está decidido a personarse como "institución afectada" ante los tribunales, para reclamar la anulación del consejo de guerra que, el 14 de octubre de 1940, dictó sentencia de muerte contra Companys y que se ejecutó a primera hora del día siguiente.
El Govern expresó hoy esta determinación, al constatar que el acuerdo entre PSOE e IU para aprobar la Ley de la Memoria, que declarará "ilegítimos" los juicios efectuados por el franquismo, se puede utilizar como prueba preconstitutiva para que los tribunales declaren nulas las sentencias de consejos de guerra franquistas.
Tanto los herederos y familiares de las víctimas del franquismo como las instituciones podrán, a raíz de esta ley, llevar ante la justicia casos concretos para reclamar la anulación de las penas franquistas, que la futura ley declarará "injustas".
Desde el Govern y desde casi todos los partidos políticos catalanes, especialmente ERC --partido al que pertenecía Companys--, se ha reclamado históricamente la "restauración de la dignidad nacional catalana" a través de la revisión y anulación de la condena al que fuera presidente de la Generalitat durante la Guerra Civil.
