El procedimiento para la venta de Ciudad de la Luz, tal como lo estipuló la Unión Europea, se cerró ayer sin éxito. El Consell declaró desierto el concurso para la venta del complejo alicantino, al desestimar la única propuesta que se presentó a la subasta. La falta de aval y de documentación que acredite la solvencia de Cinespace Ñ han sido concluyentes para que la Generalitat no pasara siquiera a estudiar el plan de negocio ni la oferta económica presentados por este consorcio de socios norteamericanos.

La decepción fue doble. Por un lado, para los licitadores que vieron como su proyecto no pasaba del papel y, por otro, para la Generalitat que mostró su asombro por el poco interés que ha despertado en el mercado una venta, a todas luces, interesante para los inversores.

Esta situación pone a Ciudad de la Luz de nuevo en la casilla de salida, ya que el siguiente paso lleva necesariamente al concurso de acreedores y a la liquidación. Dicha medida podría conducir a la venta sin condiciones, lo que supondría dejar la adquisición de los estudios a una situación sin criterio. Circunstancia que el gobierno autonómico quiere evitar por todas las vías.

Posibilidades, muchas o ninguna. El abanico ahora está abierto. Una de ellas, que apuntó ayer en Alicante el presidente del Consell, Ximo Puig, que el complejo pase a manos de la Generalitat y que esta se encargue de buscar una vía de explotación. «La liquidación no sería el mal mayor porque realmente el mayor acreedor de Ciudad de la Luz es la propia Generalitat, con lo cual tendría que revertir a esta institución». Además, apuntó, «hay otras empresas que se interesaron en su momento y vamos a ver si ahora hay alguna posibilidad».

La peor situación, en su opinión, es «estar como estamos ahora, porque estamos cerrados y pagando, por la mala cabeza de quienes la pusieron en marcha y durante muchos años vamos a continuar pagándola aunque la vendamos».

«En cierta medida -apuntó- estamos decepcionados porque no haya una respuesta positiva por parte de ninguna empresa solvente», dijo Puig. «A partir de ahora empieza una nueva etapa y tenemos que ver con Europa qué nuevas condiciones tenemos para que por lo menos saquemos una propuesta positiva para Alicante y la Comunidad Valenciana de las cenizas de un proyecto que tenía un mal de origen».

En este sentido destacó que «ahora ya estamos en otro escenario, hemos hecho lo que la Unión Europea ha dictaminado y nosotros tenemos que buscar otra salida».

Por su parte, el consejero delegado de Ciudad de la Luz, Miguel Mazón, también decepcionado por la poca respuesta al concurso, destacó que «vamos a estudiar» con los servicios de la Abogacía General de la Generalitat «cuáles son las posibilidades jurídicas y legales dentro del ámbito nacional para ver qué podemos hacer sin contradecir las condiciones marcadas por la Unión Europea», que es quien ha puesto las directrices para la venta de los estudios de cine.

«El sistema que nos han impuesto ellos no ha funcionado y ahora hay que buscar otras opciones posibles», aunque, eso sí, «garantizando que la Generalitat no va a hacer cine, lo normal es que alguien lo explote, que para eso se ha hecho».

Mazón reconoció que todo depende de Europa, pero «lo que no va a ocurrir es que se malvenda, lucharemos para conseguir cuanto más mejor» y afirmó que la intención de la Generalitat es conseguir «autonomía» para optimizar el complejo «sin incumplir la normativa». Es decir, «que podamos tomar la iniciativa para enajenar el complejo pero con otras condiciones».

Sobre la decisión de dejar desierto el concurso, Mazón destacó que «lo esencial es que no ha presentado aval, la solvencia podía ser subsanable, pero el aval, no, según se indica en el punto 15 del pliego de condiciones». El aval, tal como se recoge en ese documento, se cifra en el 5% del precio original de venta, 94 millones, por lo que ascendía a 4.721.318,18 euros. En este sentido, resaltó que «si no estaba de acuerdo con el pliego tenía que haberlo recurrido».

La historia comenzó cuando la Comisión Europea, ante la multa de Competencia por valor de 265 millones, exigió a la Generalitat vender el complejo por un precio de salida de 94 millones de euros. La primera subasta quedó desierta y la segunda la paralizó el nuevo gobierno autonómico para negociar con Bruselas y mejorar las condiciones económicas.

Esta vía llevó al Consell a conseguir que se ampliará el precio mínimo de 20 a 48 millones y que se exigiera un plan de negocio para poder optar a la compra de los estudios de cine. Y así se licitó la segunda subasta que ahora ha quedado desierta.

Sin embargo, según fuentes de la Generalitat, esto implica que el ejecutivo valenciano ya ha cumplido con las exigencias de Competencia, ya que ha puesto los estudios en el mercado y no los ha comprado nadie.