No sé si es azar o coincidencia que se haya elegido el día 14 de abril para inaugurar la exposición en homenaje a Rafael Altamira en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante de la Avenida Ramón y Cajal, pero lo cierto es que el nombre de nuestro ilustre paisano sonó con fuerza en su momento para ocupar la presidencia de la II República española. En el otoño de 1931, los partidos de las Cortes Constituyentes elegidas en el mes de junio discutían los artículos de la nueva Carta Magna que regiría el país y al tratar el artículo relativo a la Presidencia de la República, comenzaron a barajarse los posibles candidatos para la más alta representación del Estado. El gobierno de coalición republicano-socialista liderado por Manuel Azaña apostaba por recuperar al conservador Niceto Alcalá-Zamora, que había dimitido de su cargo de presidente del Gobierno por sus discrepancias con el tratamiento de «la cuestión religiosa», pero ante las reticencias de éste, se propusieron los nombres del socialista Julián Besteiro, presidente del Congreso, y del líder del Partido Republicano Radical, Alejandro Lerroux. No obstante, ambos rechazaron dejar su labor política en las Cortes y se planteó la posibilidad de elegir un candidato independiente, una figura de reconocido prestigio personal que pudiera contentar a todos los partidos. Entre los candidatos con este perfil, el preferido era Rafael Altamira, fervoroso republicano desde su juventud, pero sin adscripción política y con buenas relaciones con conservadores y monárquicos. Según informaba el diario El Siglo Futuro el 31 de octubre, «existe el propósito de presentar una tercera candidatura, llamada neutra, en favor del catedrático don Rafael Altamira». El problema era que el sabio alicantino pasaba mucho tiempo en la ciudad holandesa de La Haya, por su cargo de Juez Permanente del Tribunal Internacional de Justicia.
El tiempo pasaba, y el 1 de diciembre de 1931, tras otra tensa negociación con Alcalá-Zamora, Manuel Azaña reunió a los miembros de su gobierno para decidir de una vez por todas el candidato a presidente de la República. Según recordaba el propio Azaña en sus Memorias políticas y de guerra (Barcelona, 1978, pp.315-316), «Todos convienen en que [Alcalá Zamora] está loco y que un hombre así es peligrosísimo, porque, de Presidente, nos creará de seguro un conflicto cada día. Se nos plantea el problema de si conviene llevar adelante su elección, o buscarle sustituto. Faltan poco más de ocho días para la elección, y el caso es dificilísimo. ¿Qué hacer? Lo de menos es eliminarlo. Casi todos le votan de mala gana. Ha habido grupos, como el socialista, en que ha tenido cincuenta votos a favor y treinta en contra. Lo de más, es sustituirle. Se repasan nombres. Martínez Barrio, que Lerroux ya no puede ser, después de sus declaraciones de estos días. Yo hablo de Altamira. Ríos propone a Ortega; otros a Marañón o a Pedregal. Ninguno gusta a todos». Otro de los asistentes a la reunión, el entonces ministro de Comunicaciones Diego Martínez Barrio, apuntaba en sus Memorias (Barcelona, 1983, p. 93), los argumentos aportados en favor de Altamira y el único pero insalvable inconveniente que presentaba: «Saltó el nombre de don Manuel Bartolomé Cossío. Buen candidato. Austeridad, competencia y autoridad. Pero el señor Cossío se encontraba gravemente enfermo, condenado a morir. ¿Unamuno entonces? Azaña hizo un gesto. ¿Ortega? Nuevo ademán displicente de don Manuel. ¿Altamira? Valía la pena de meditar sobre ello. Albornoz tejió el caluroso panegírico de tan ilustre figura liberal de la buena cepa e independiente de toda disciplina de partido. Sólo una dificultad grave, gravísima: don Rafael Altamira se encontraba en Holanda; estábamos a 7 de diciembre y la elección de presidente debía realizarse cuatro o cinco días después [?] Habló Largo Caballero. Con todos sus inconvenientes -dijo-, no hay más que una candidatura visible, la de Alcalá-Zamora». A pesar del deseo de Azaña y de las palabras del ministro Álvaro de Albornoz, el 9 de diciembre de 1931 se aprobó la nueva Constitución española y dos días después las Cortes nombraron a Niceto Alcalá-Zamora -buen amigo de Rafael Altamira, por otra parte- como Presidente de la República, a pesar de no contentar del todo a nadie. Cinco años después, tras las últimas elecciones del periodo republicano en febrero de 1936, el nuevo Parlamento destituyó a Alcalá-Zamora de su cargo y el nombre de Altamira volvió a aparecer entre los candidatos a Presidente (Crónica, 3-V-1936). Finalmente, el propio Manuel Azaña asumió la Presidencia en el mes de mayo. En julio, se produjo la sublevación militar contra la República y Altamira salió de España para no volver nunca, mientras no se restableciera la legalidad asaltada.
Cuando el jurista alicantino falleció en el exilio en México en junio de 1951, el socialista Indalecio Prieto, ministro del gobierno en los primeros años de la II República, le confesó al historiador Javier Malagón durante el entierro: «Con Altamira desaparece uno de los hombres que podía haber cambiado el rumbo de nuestra historia si hubiéramos aceptado la propuesta de Azaña de que fuera presidente de la República».
