La Generalitat Valenciana ha propuesto a la Comisión Europea quedarse con las instalaciones de Ciudad de la Luz como fórmula para evitar su venta y recuperar indirectamente la inversión pública realizada por el propio Consell en el complejo cinematográfico de Alicante. Una medida, eso sí, que obligaría a renunciar a su uso como centro de rodajes.
El gobierno autonómico envió en la noche del pasado jueves el informe sobre el que los técnicos han trabajado a marchas forzadas en la última semana para cumplir el plazo establecido por Bruselas. Y después de estudiar la situación jurídica y administrativa de los estudios han dado con la fórmula que consideran menos perjudicial para las arcas públicas.
La Comisión Europea obligó a la Generalitat a devolverse a sí misma los 265 millones de euros invertidos en el complejo, al considerar que vulneraba el principio de competencia con otros estudios. Es decir, que la sociedad Ciudad de la Luz, organismo público pero de funcionamiento independiente al gobierno valenciano, debía devolver ese dinero a la Generalitat.
Con esta premisa, los servicios jurídicos del Consell han propuesto a Bruselas que esa sociedad entregue el complejo a la Generalitat como pago y, a partir de ese momento, se liquide. De esta forma, la administración pública recuperaría unas instalaciones que costaron lo que la CE obliga a reembolsar y se cumpliría con la sentencia. El objetivo principal de esta medida se centra en evitar la venta del complejo a un precio muy inferior no solo a lo que Bruselas ordena que se devuelva sino también a lo que la Generalitat pagó en su día por crearlo.
Sin embargo, en ese caso no tendría más opciones que renunciar al fin para el que se se pusieron en marcha las instalaciones, es decir, que no podría acoger rodajes, ya que entonces volvería a incurrir en competencia desleal con otros estudios. Una vez aceptada esta renuncia, que sin embargo era uno de los empeños del nuevo presidente de la Generalitat, Ximo Puig, la propuesta presentada plantea el compromiso de que las instalaciones se destinen a actividades no comerciales, que se especifican en el documento enviado a Europa.
Como actividades públicas se incluyen formación, ofertas culturales, administrativas «y también vinculadas con cualquiera de las prestaciones sociales que realiza la administración», aseguran fuentes de la Generalitat. Pero en cualquier caso, el uso puntual que se vaya a dar al complejo se comunicaría antes a Bruselas «para garantizar que en ningún momento se vulnera el compromiso».
En este sentido, el documento especifica que se podrían hacer proyectos de producción «de material educativo en el amplio sentido de la palabra, para colegios, universidades o museos». Podría ser también «un centro de I+D y aprovechar este campo como centro docente de nuevas tecnologías, vincularlo a las universidades de la zona y sus estudios, y hacer cursos de especialización de distintas disciplinas, aprovechando unas infraestructuras pensadas para una actividad que ya no podría desarrollarse». Es decir, que se deja la puerta entreabierta a que algunas de esas actividades puedan estar relacionadas con el mundo del cine, pero sin que eso se traduzca en el rodaje de películas sino en el campo de la formación.
«Aquí tenemos unos grandes contenedores con unas características concretas, en los que se pueden desarrollar actividades no lucrativas; invertimos 265 millones de euros y queremos que en la medida de lo posible no cambien de manos». En este sentido, las citadas fuentes destacan que «lo que pretendemos es que no se pierda al menos el dinero, porque la subasta del complejo nos aportaría muy poco». El hecho de que la CE permitiera sacar de la subasta el Centro de Estudios y el edificio de oficinas «nos hace ver pensar que por qué no vamos a poder recuperar la totalidad del complejo».
Si la respuesta de Europa fuera afirmativa se conseguiría paralizar la segunda subasta del complejo cuya convocatoria debería haberse hecho pública este mes, aunque se consiguió aplazar ante la reunión que el nuevo Consell solicitó a la CE y que se celebró el pasado día 10 en Bruselas. La primera subasta celebrada en julio quedó desierta, al presentarse solamente una oferta que no pasó de ser una declaración de intenciones. Entonces, el precio mínimo de salida se cifraba en 94 millones de euros. Sin embargo, el paso a la segunda subasta rebaja considerablemente el mínimo exigido para la compra, ya que se establece que se pueda vender tan solo por el 20 por ciento del precio anterior, es decir alrededor de 20 millones de euros, cifra muy alejada de los 265 millones que Bruselas exige devolver.
Ahora a la Generalitat Valenciana le toca esperar una respuesta de Europa. «Seguimos entrando por esa rendija en la que proponemos una dación en pago, vamos a ver qué amplio es ese margen y cuál es la contestación de Bruselas».
