La Generalitat Valenciana remitió ayer a la Comisión Europea su propuesta para salvar Ciudad de la Luz de la venta «in extremis», que contempla que el complejo alicantino se quede en manos públicas, lo que implicaría la imposibilidad de continuar rodando cine en sus instalaciones.
Este planteamiento conlleva la disolución de la Sociedad Ciudad de la Luz, que es un organismo público, que sería la que «cedería» a la Generalitat las instalaciones y desaparecería. De esta forma, el informe en el que se ha trabajado a destajo en la última semana plantea que vender el complejo por un bajo precio supondría que la Generalitat no podría recuperar los 265 millonesque exige Bruselas, mientras que dejarlo en manos de la administración autonómica saldaría ese pago y no conllevaría la pérdida económica de la mayor parte de esa inversión.
La renuncia a que las instalaciones sigan dedicándose al fin para el que se crearon parece ya innegociable, pese a que era una de las apuestas del presidente Ximo Puig, ya que de ser así volvería a incurrirse en competencia desleal. Por este motivo, la propuesta del Consell contempla destinarlo a actividades «no comerciales», es decir, al desarrollo de actividades públicas.
La Generalitat espera ahora la reacción de la Comisaría Europea.
