El juzgado de Primera Instancia número siete de Alicante ha dictaminado la resolución del contrato entre Ciudad de la Luz y Aguamarga que gestiona los estudios de cine propiedad de la Generalitat y condena a la empresa gestora a pagar 1,2 millones de euros por incumplimiento del contrato de arrendamiento de servicios. El fallo judicial, contra el que cabe recurso, da la razón a Ciudad de la Luz en el litigio de demandas cruzadas que mantienen ambas partes desde 2010, dado que la entidad pública dio por resuelto unilateralmente el contrato con Aguamarga en octubre de 2010.
Con esta sentencia, Ciudad de la Luz considera que la mercantil debe abandonar las instalaciones, a pesar de que el fallo no lo especifique, ya que «es una consecuencia inmediata indisoluble de la resolución del contrato. Ellos [Aguamarga] estaban allí por un contrato de prestación de servicios y el juez ha declarado que nuestra resolución era correcta y entendemos que la ejecución natural de la sentencia conlleva el desalojo de Aguamarga de Ciudad de la Luz», señaló ayer Daniel Morata, abogado del despacho de Garrigues encargado de la defensa de la empresa pública.
Contra el fallo cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante, que deberá presentarse en 20 días hábiles, por lo que los abogados esperarán hasta entonces para ver cómo se ejecuta la sentencia y, en su defecto, solicitar su cumplimiento y el desalojo implícito que se deriva de ella, según consideran. La defensa estima asimismo que el fallo judicial debería facilitar la venta del complejo cinematográfico, como pretende el Consell, al resolverse el «escollo» judicial con la empresa que explotaba los estudios.
Camino para la venta
Así también lo cree el vicepresidente del Consell, José Císcar, quien aseguró ayer en Relleu que la sentencia que condena a Aguamarga despeja el camino a la iniciativa de la Generalitat de privatizar el complejo cinematográfico de Alicante. «Esto [la sentencia] lo que hace es facilitar un poco más la venta de la Ciudad de la Luz, que es uno de los objetivos del Gobierno Valenciano», afirmó. No obstante, Císcar declinó comentar si, en la actualidad, el Consell tiene sobre la mesa alguna oferta concreta de un inversor privado para hacerse con los estudios.
El también portavoz del Ejecutivo valenciano destacó que en la futura operación de venta de Ciudad de la Luz, la Generalitat tendrá presente la resolución de la Comisión de la Competencia de la Unión Europea que obliga a la Ciudad de la Luz a devolver a las arcas autonómicas las ayudas (265 millones de euros) que aportó el Consell para construir el complejo. «El Consell irá de la mano de la Unión Europea para que el proceso de venta de los activos se desarrolle en consonancia con lo que quiere la Comisión de la Competencia», aclaró el vicepresidente.
Císcar expresó su satisfacción por la condena: «La sentencia da la razón al Gobierno valenciano en una decisión que tomó en su momento porque entendía que la empresa concesionaria no estaba cumpliendo el contrato», explicó.
El consejero delegado de Aguamarga Gestión de Estudios, Javier González, señaló que «respetamos la decisión judicial pero recurriremos porque no estamos de acuerdo con sus argumentos» tras indicar que «lo importante es que Ciudad de la Luz salga adelante porque es un proyecto nacional de Alicante y que se busquen los incentivos fiscales para que siga». El abogado de Aguamarga, José Valdés, cree que «el fallo deja muchas cuestiones indeterminadas» y ve fundamento para «apelar la sentencia y que sea revocada».
El galimatías de demandas y reconvenciones (respuesta a la demanda con otra demanda) planteadas desde 2010 entre ambas partes derivó en el juicio celebrado el pasado mes de abril, donde Aguamarga reclamaba a Ciudad de la Luz 11 millones por el impago del canon de explotación del complejo, además de daños y perjuicios que le asfixiaba económicamente, mientras que Ciudad de la Luz justificó la ruptura unilateral de su relación laboral por incumplimientos del contrato por Aguamarga, entre ellos, haber alejado a dos de las cuatro personalidades comprometidas con el proyecto José Luis Olaizola y José Antonio Sáinz de Vicuña, perder la confianza y considerar negligente su gestión.
El fallo estima parcialmente la demanda de Ciudad de la Luz y desestima los argumentos de Aguamarga, donde el juez declara «la resolución por incumplimiento de esta última del contrato de arrendamiento de servicios, así como sus posteriores novaciones modificativas», condena «a Aguamarga a pagar a la demandante la cantidad de 1,200.000 euros más los intereses legales desde la fecha de la demanda» y deje «indemne» a la demandante «de cualesquiera cantidades que en concepto de salarios, pagos a la seguridad social o prestaciones sociales de cualquier índole» que por despido tenga que atender respecto de aquellos trabajadores contratados dependientes directamente de Aguamarga durante la ejecución del contrato.
El fundamento principal del fallo es la desvinculación de Olaizola y Vicuña de la gestión del complejo que, junto a García Berlanga y José Miguel Ferrándiz, se consideraban «fundamentales». «La desvinculación de tres de ellas [Berlanga falleció en noviembre de 2010] sin que hubiesen sido sustituidas conforme a lo previsto se entiende como un incumplimiento contractual que es susceptible de frustrar la finalidad económica perseguida», afirma el juez.
Por su parte, el PSPV pedirá al Consell todos los contratos entre Ciudad de la Luz y Aguamarga «que nos han estado ocultando, ahora que el juicio está resuelto».
