La Comisión Europea (CE) declaró ayer que las ayudas concedidas por la Generalitat a Ciudad de la Luz son ilegales porque se trata de subvenciones públicas destinadas a un proyecto que interfiere gravemente y sin justificación en la competencia entre los estudios de cine europeos. Por esta razón, la primera medida de Bruselas ha sido exigir al Gobierno español que recupere del beneficiario de estos fondos, Ciudad de la Luz, una cifra de 265 millones de euros. Se abre ahora un periodo de comunicaciones entre el Estado y la CE para negociar la fórmula con la que hará que este dinero regrese a las arcas públicas de la Comunidad.
Joaquín Almunia, comisario de Competencia, fue meridiano en su intervención de ayer al manifestar que las ayudas del Consell a los platós están injustificadas. "El sector cinematográfico español es dinámico y competitivo", de manera que "además de que no hay ninguna necesidad de destinar dinero público a la financiación de un nuevo operador (en referencia a Ciudad de la Luz), se penaliza a los ya existentes y a los potenciales que han de actuar sin financiación estatal", declaró. El responsable de Competencia, quien ya adelantó su postura al presidente Fabra el pasado viernes, añadió que la persistencia del sistema Ciudad de la Luz "puede ser desastrosas" para los estudios de cine del continente.
La Generalitat no tardó en anunciar ayer que recurrirá la decisión de este organismo de la Comisión Europea. La instancia oportuna es el Tribunal de Justicia de la UE de Luxemburgo.
Cantidad sin desglosar
La Comisión no especificó por qué exige la recuperación exacta de 265 millones de euros, pero adelantó que el desglose de esta cifra será publicado en breve. No obstante, la cifra de la reclamación es muy inferior a los más de 300 millones de euros que el Consell ha asegurado haber invertido en construir los estudios.
Esta investigación sobre las inyecciones de la Generalitat a su proyecto lleva abierta desde 2007. En febrero de ese año, la Comisión recibió dos denuncias contra Ciudad de la Luz interpuestas por sendas empresas competidoras, cuya identidad permanece oculta en el informe (aunque se utiliza a los estudios ingleses Pinewood y a los alemanes Babelsberg para comparar las cuentas de Ciudad de la Luz). Ambas denunciaban que el dinero público que recibían los platós alicantinos, tanto para construir como para atraer rodajes entregando incentivos, constituían "una distorsión significativa de la competencia en el mercado europeo de las superproducciones".
La decisión anunciada ayer por Almunia supone un respaldo total de esta tesis y desarbola los argumentos con los que la Generalitat ha tratado de evitar una resolución como ésta durante cuatro años.
El rechazo de Bruselas a los estudios de Alicante radica en que Ciudad de la Luz no cumple el "principio del inversor privado". Esta regla se utiliza para dilucidar si una empresa ha recibido de una administración pública una ventaja económica que no habría podido obtener en condiciones normales de mercado.
Inversor "sensato"
Para la UE, un inversor privado "sensato" jamás hubiese construido un macro-complejo como Ciudad de la Luz, sin cuota de mercado y con un margen de beneficios raquítico, aún cumpliéndose las expectativas más optimistas. Por esta razón, para la CE, Ciudad de la Luz es un proyecto que subsiste sólo por el dinero de la Generalitat, lo que la convierte en un competidor aventajado gracias a esas ayudas de Estado ilegales. La "excusa cultural", que justificaría la inversión porque fomenta las artes de la región, tampoco funcionó (ver anexo).
Fuentes de la Comisión apuntaron que pocos casos de este perfil acaban con una condena al estado miembro por incumplir la orden de recuperar el dinero, ya que "normalmente se alcanza un acuerdo de pago antes de que haya sentencia". La Generalitat, y el Gobierno -interlocutor de la UE-, tienen de dos meses para plantear fórmulas a la CE.
Otras fuentes consultadas apuntaron que "sería poco conveniente especular" en esta fase inicial sobre "cómo va a llevar a cabo el gobierno valenciano tanto la recuperación de los fondos como su intención de privatizar los estudios", sin que estas fuentes llegaran a confirmar si la devolución del dinero debe proceder necesariamente de Ciudad de la Luz, cuya deuda asciende a 190 millones de euros. En caso positivo, "se podría llegar a liquidar la instalación, como en una quiebra".
La UE sabe que el Consell quiere vender Ciudad de la Luz (la consultora Ambers&Co entrega en junio el plan de externalización del complejo). Por esta razón, las citadas fuentes de Competencia remarcaron que la resolución de ayer "debería tranquilizar a los potenciales compradores" que quisieran conocer "si va a haber recuperación antes de hacer su apuesta" por los platós.
La pelota está, de nuevo, en el maltrecho tejado de la Generalitat.
Los estudios no nacieron para fomentar la cultura
La UE dice que la irrupción del complejo en el mercado europeo no puede justifcarse con la "excepción cultural", por la cual los proyectos culturales reciben un tratamiento diferente a los de motivación mercantilista. Para la UE, Ciudad de la Luz "se crea de la nada", por lo que no hay conservación de patrimonio ni desarrollo de una actividad económica propia de la zona. Tampoco fomenta "el cine europeo, el español, ni el valenciano" por estar diseñada para superproducciones. Además, hasta el año de la denuncia, la selección de productoras clientes no ha estado nunca "sujeta a criterios culturales".
