La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) y la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC)consideran insuficiente el borrador de Real Decreto por el que se desarrolla la Comisión de Propiedad Intelectual, que está en trámite.

Las tres asociaciones entienden que la Sección 2ª de la Comisión supone un gran paso porque acelerará los procesos judiciales contra quienes piratean contenidos. Sin embargo y a su juicio, los cometidos de la Sección 1ª no suponen nada nuevo que no estuviera ya previsto en la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), por lo que seguirán concurriendo en ella las mismas razones que han provocado que la actual Comisión no haya intervenido ni una sola vez en los conflictos entre entidades de gestión y entidades de radiodifusión.

Los firmantes somos defensores de los derechos de autor, además de titulares y creadores de parte de los mismos, e impulsores y firmes defensores de no confundir los derechos de propiedad intelectual con la plena propiedad de los mismos que ejercen las actuales entidades de gestión.

Como titulares, creemos urgente y necesaria una reforma de la LPI, en consonancia con el desarrollo tecnológico y el entorno digital, e instaurando el principio de libre contratación de derechos en el ámbito y territorio europeo, así como la implantación de los principios de libre competencia, libre mercado y licencias para más de un territorio.

Sostenimiento inviable

Las elevadas tarifas de las entidades de gestión, sus anunciadas subidas unilaterales, su implantación en régimen de monopolio -como ha certificado la Comisión Nacional de Competencia-, sus tarifas abusivas, muchas veces destinadas a gastos de gestión, representación y actividades no relacionadas con la retribución a los creadores, artistas y productores, hace inviable el sostenimiento presente y desarrollo futuro de la divulgación, entre otras, de obras musicales, audiovisuales, digitales y nuevos talentos.

Para la solución de conflictos es necesario que la nueva Comisión de Propiedad Intelectual sea un órgano plural, independiente, con control sobre la actividad de las entidades de gestión; que entienda de los conflictos entre titulares de derechos y agregadores; entre titulares de derechos y entidades de gestión, y entre usuarios y entidades