"Garantizo plenamente su conducta y actuación, así como su fervor patriótico y religioso que se revela por lo demás en la lectura de su producción literaria". Estas palabras son parte del contenido del aval que Juan Bellot Salmerón, jefe de la Falange en Valencia, entregó a la justicia para conseguir la libertad de Miguel Hernández. Sin embargo, este texto nunca llegó a Madrid y por tanto no se tuvo en cuenta en el juicio que lo condenó a muerte en 1940.
Este es uno de los documentos que la familia del poeta, representada por su nuera, Lucía Izquierdo, y su nieta, María José Hernández, hizo ayer públicos en la Asociación Internacional de Prensa de Madrid y con el que pretenden que el Tribunal Supremo reabra el proceso contra el poeta para que se declare nulo el juicio.
En este acto, realizado tras el paso por el Alto Tribunal donde la falta de un papel pospuso hasta hoy la entrega de la documentación, Miguel Hernández recibió el respaldo de numerosos representantes políticos, sindicales y sociales. Así, acudieron para dar su apoyo a la petición de la familia del poeta el diputado socialista Antonio Gutiérrez; el coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara; la secretaria general de EU del País Valenciano, Marga Sanz; representantes de diferentes sindicatos y el poeta Marcos Ana, entre otros. Ana, que compartió prisión con Hernández, fue el encargado de cerrar el acto asegurando que ese proceso es una prueba de "cómo funcionaba la justicia franquista" y abogó por conseguir que la anulación de su sentencia sea la primera y que se pueda conseguir "la de muchos otros".
La delegación que se desplazó ayer a Madrid estuvo integrada también por Enrique Cerdán Tato, encargado de la investigación que ha sacado a la luz la documentación, Manuel Parra y Carlos Candela, todos ellos integrantes de la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica, así como por el alcalde de Elche, Alejandro Soler.
La documentación que se hizo pública ayer incluye, además, pruebas de que el poeta tuvo dos procesos paralelos. Enrique Cerdán Tato encontró hace dos meses otro proceso sumarísimo de urgencia contra Miguel Hernández, éste con el número 4.487, desconocido hasta ahora. Dicho proceso tuvo lugar cuando el poeta, tras ser excarcelado en Madrid, regresó a Orihuela a la espera de juicio, y volvió a ser apresado.
Manuel Parra aseguró que en ese momento, Hernández llevaba tres papeles: un salvoconducto, el aval de Juan Bellot y el aval de Diego Romero Pérez, que era su defensor. Los tres los entregó a la justicia para que le liberasen.
Sin embargo, Madrid, que había emprendido acciones contra el poeta en el sumario 21.001, reclamó a Orihuela la entrega del poeta y también de las diligencias de ese segundo sumario, que nunca se incorporaron al juicio que lo condenó a muerte. Y este hecho, el que no se incluyeran esos documentos, es el que se va a utilizar para pedir la anulación. El Supremo decidirá si admite a trámite la solicitud en un plazo que se estima entre 6 y 9 meses.
