Lucía Izquierdo valoró a los periodistas como "un paso importantísimo" que el Gobierno "haya reconocido este agravio tan tremendo" con Miguel Hernández pero señaló que seguirá luchando para conseguir la declaración completa de su inocencia y que se revise su sentencia por el Tribunal Supremo.

La nuera del poeta -que entregó a De la Vega una carta con la petición al Gobierno para que interceda ante la Fiscalía General del Estado e inste al Tribunal Supremo a la anulación del juicio- manifestó tener "mucha confianza" en la ayuda del Gobierno.

A este respecto, Izquierdo fue informada por el ministro de Justicia de un informe avalado el día anterior por la Junta de Fiscales en la que concluye que la Ley de Memoria Histórica declara la "ilegitimidad" de los tribunales franquistas, por lo que estiman que resulta improcedente presentar recursos de revisión de sentencias al ser consideradas "nulas de pleno derecho". Dicho informe se ha realizado a propósito de la petición del anulación de condena del que fuera presidente de la Generalitat catalana desde 1934 hasta el fin de la Guerra Civil, Lluis Companys, fusilado tras un juicio sumarísimo en 1940.

"No he tenido tiempo de que me lo explicara bien, pero me ha dicho que me informaría", apuntó Izquierdo, que estimó que el caso de Companys "puede ser un precedente". "Tenemos que estudiar si es cierto que esto nos anula la condena a muerte porque sería una alegría para todos".

El informe, elevado a la Junta de Fiscales de Sala por la Fiscalía General del Estado, apunta que actualmente las sentencias franquistas no cuentan con apariencia alguna de legalidad, por lo que resulta "legalmente improcedente" por falta de objeto, plantear recursos de revisión ante el tribunal Supremo, como prevé hacer la familia de Miguel Hernández.

En España se han realizado diversas declaraciones de reparación moral y reconocimiento personal de víctimas del franquismo y de la Guerra Civil, pero no se ha anulado hasta la fecha ninguna sentencia promulgada por los denominados Tribunales de Responsabilidades Políticas y los Consejos de Guerra del franquismo.

Por ello, hasta ahora, quienes han solicitado la anulación de este tipo de sentencias recurrían al Tribunal Supremo.