En una entrevista con Efe, Ali Nesser, director de relaciones internacionales de Odyssey, aseguró que se trata de una "estrategia de relaciones públicas" y "distracción" presentada por James Goold, el abogado que defiende los intereses de España, para dañar a su empresa.
El objetivo, "vergonzoso", de esa conclusión es dibujar a la gente de Odissey como capaces de profanar un lugar "donde murieron personas, un cementerio", cuando en realidad, sostuvo Nesser, "no hay nada allí, ningún resto humano, nada que parezca un barco".
En ese sentido, precisó que, aparte del tesoro de monedas de plata valorado en 500 millones de dólares (unos 333 millones de euros, al cambio de hoy), que fueron extraídas en forma de "fango sólido", como "rocas", sólo se ha localizado en el fondo marino "dos cañones, muy alejados uno del otro" y algún que otro objeto.
Insistió en que con esta estrategia se persigue "forzar al Gobierno de España e influir en la opinión pública", pero la realidad es que "no hay nada que haga pensar que se trata de un cementerio militar marino o de un viejo navío".
Goold rechazó de forma tajante la posición de Odyssey y afirmó que "está muy bien documentado y es un hecho absolutamente histórico" que el navío español Nuestra Señora de las Mercedes "se hundió con más 250 españoles abordo, entre marinos y ciudadanos".
"Es ridículo negar eso", aseveró el abogado, para añadir que la premisa de Odyssey de que el navío no estaba comprometido en una misión militar en el momento de su hundimiento es una "ficción".
El Gobierno español tiene de plazo hasta el próximo 22 de septiembre para presentar sus pruebas en un tribunal de Tampa (Florida), en la reclamación sobre el tesoro de 500.000 monedas de plata (unas 150 toneladas), procedente de un naufragio codificado con el nombre de "Cisne negro" por Odyssey.
Para las autoridades españolas el tesoro procede con "total certidumbre" de la fragata española "La Mercedes", perteneciente a la Armada Española y hundido en 1804.
Por ello, los restos del navío estarían protegidos por el principio de inmunidad soberana, un "principio jurídico absolutamente claro en Estados Unidos y el resto del mundo", según Goold.
"El hecho es que el yacimiento arqueológico es también un cementerio", una "consideración legal importante" que "está claramente reconocida en los tribunales de Estados Unidos", insistió el letrado.
Por otro lado, Nesser reconoció que España tiene el derecho de establecer su reclamación "con pruebas circunstanciales", pero mostró su decepción por el hecho de que las autoridades españolas rechacen colaborar con Odyssey para la plena identificación del navío hundido.
Sostuvo que, aun en el caso de que los restos del navío correspondan a "La Mercedes", Odyssey cuenta con "pruebas" de que el barco no estaba comprometido en ninguna misión militar en el momento de su hundimiento.
Para la empresa de exploración submarina, con sede en Tampa, el navío era una "misión comercial" que "transportaba en su mayor parte mercancía privada". "Quizá era 'La Mercedes' y quizá fue, al principio, un navío militar, pero no estaba en misión militar cuando se hundió", destacó Nesser.
Quiso dejar claro que Odyssey ha intentado, "por todos los medios", convencer al Gobierno español de que ellos no son "cazatesoros", sino una empresa de exploración submarina seria y profesional que desde el principio trató de trabajar codo a codo con España.
Acusó a "ciertos individuos, autoridades y personas influyentes de la comunidad autónoma de Andalucía (sur de España)", de "envenenar la atmósfera", por "motivaciones políticas", y minar los esfuerzos de Odyssey de abrir un diálogo productivo con el Estado español.
No obstante, Nesser se mostró optimista y aventuró que, una vez que España presente sus pruebas, se abrirá la posibilidad de que ambas partes "nos sentemos" a debatir y "encontrar una solución razonable" con "acuerdos justos".
De hecho, señaló, "estamos intentando reconstruir los puentes" con el Ministerio de Cultura español, allanar el camino con la esperanza de que "alguien en España diga: esto es totalmente disparatado".
Una vez que España presente en el tribunal sus pruebas y documentación relevante, la compañía estadounidense dispondrá hasta el 17 de noviembre para contestar a la reclamación del Estado español sobre el principio de inmunidad soberana, asunto medular del litigio sobre el tesoro.
