Aunque el espíritu del texto presentado en el Congreso por el Gobierno había sido respaldado por todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, dos de los principales socios del Ejecutivo como son IU-ICV y ERC consideraban que era insuficiente y planteaban como "irrenunciable" la supresión de los llamados juicios sumarísimos del franquismo.
En el artículo 3 del nuevo texto pactado entre PSOE e IU-ICV se recoge una fórmula que satisface a ambos grupos para solventar este escollo, de manera que se declara la "ilegitimidad" de los tribunales y de todos los órganos penales o administrativos constituidos durante la Guerra Civil y la dictadura para imponer, "por motivos ideológicos o políticos", condenas o sanciones.
Se declaran "ilegítimas", asimismo, las resoluciones de estos organismos dictadas contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior de la II República.
Reconoce además el derecho a obtener una declaración de reparación y recuperación personal, familiar y moral a quienes en la Guerra Civil y el franquismo padecieron persecución o violencia por razones políticas o ideológicas.
Como política pública, la nueva redacción del artículo 1 pretende fomentar los valores y principios democráticos para facilitar el conocimiento de los hechos y circunstancias de esa etapa histórica, así como asegurar la preservación de los documentos relacionados con ella y depositados en archivos públicos.
Se suprimen los artículos 5, 6 y 7 del proyecto del Gobierno, de manera que se descarta la creación de la figura de un tribunal de notables encargado de analizar cada caso concreto y reconocer individualmente a cada una de las víctimas.
En una comparecencia en el Congreso, el portavoz parlamentario del PSOE, Diego López Garrido, hizo un llamamiento al resto de grupos, y de manera especial al PP, para que se incorporen a este acuerdo, al entender que puede aglutinar el consenso general.
López Garrido hizo hincapié en la voluntad del Gobierno y del grupo parlamentario socialista para reunir la máxima aquiescencia sobre la forma reparar los daños causados en la Guerra Civil y en el franquismo y hacer un reconocimiento moral a quienes fueron perseguidos en esa etapa de la historia española.
Por eso, aseguró que con gran discreción, pero con "intensidad", los socialistas han venido trabajando durante las últimas semanas con otros grupos sobre las "partes nucleares", según López Garrido, de la futura ley, que son las relativas a sus primeros artículos.
Hay que "restañar las heridas, todas las heridas", de quienes fueron perjudicados por "un régimen no democrático, una dictadura represora y una terrible Guerra Civil", dijo el portavoz del PSOE.
Para López Garrido, el acuerdo logrado hoy es un "significativo" y "determinante" avance para que ley vea la luz en esta legislatura.
En el tramo final de la reunión en la que se fraguó el acuerdo entre López Garrido y los representantes de IU-ICV, Joan Herrera y Gaspar Llamazares, estuvo presente el portavoz del grupo parlamentario de ERC, Agustí Cerdá, que, aunque tuvo conocimiento del texto, decidió no sumarse al pacto.
Fuentes de esta formación explicaron a EFE que, si bien todavía tienen que estudiar con detalle la nueva redacción de los artículos del proyecto, en principio no recogen la "anulación" de causas que ellos insistían en reclamar junto a IU y por ello no se adhieren.
