El Proyecto, que deberá ser ahora sometido al Parlamento, completa el Plan Avanza y forma parte de una estrategia destinada a impulsar "la expansión y el uso de las tecnologías de la información".
Con la aprobación del Proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información se pretende potenciar el uso cotidiano de Internet en la relación de los ciudadanos con la Administración y las empresas y reforzar la seguridad de la red.
El texto remitido al Parlamento prevé, en este sentido, medidas como la generalización del uso de la factura electrónica, la mejora de las páginas web de las Administraciones Públicas o la obligación para las grandes empresas de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones de facilitar canales de comunicación a través de la red con sus clientes.
En este sentido se orienta también la obligación para los proveedores de acceso a internet de informar a sus usuarios sobre medios técnicos para la seguridad en internet.
En la información suministrada por el Consejo de Ministros no aparece en el proyecto "el apartado 17.bis", que había levantado una importante polémica en blogs de internet.
La Asociación de Internautas consideraba que esta previsión dejaba abierta la posibilidad de que se bloqueran contenidos de la red que las sociedades de gestión de derechos de autor consideraran vulneradores de la propiedad intelectual.
Esta previsión apuntaba a que las sociedades de gestión de derechos de autor solicitaran a los proveedores la retirada de contenidos y que esto fuera posible sin mediación judicial, lo que desde la Asociación de Internautas era considerado "censura administrativa".
Por otro lado, el texto recoge así mismo la obligación de que en proyectos de obras de construcción de carreteras y de infraestructuras ferroviarias se contemple el despliegue de las redes de alta capacidad.
Así mismo prevé entre los requisitos imprescindibles para que un suelo sea considerado urbanizado que tenga instaladas canalizaciones necesarias para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.
Además, introduce novedades en la regulación actual del comercio electrónico para facilitar la actividad económica por internet, en aspectos como una regulación mínima de las subastas electrónicas entre empresas; flexibilización de las obligaciones relativas a las comunicaciones comerciales y a los requisitos para la contratación por vía electrónica y clarificación de la situación legal de la firma electrónica.
En cuanto a la protección de los derechos de los usuarios en materia de telecomunicaciones, el texto tipifica de manera expresa como infracción administrativa la vulneración por parte de los operadores de los derechos de los consumidores y usuarios en el ámbito de las telecomunicaciones.
La Vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega valoró el texto que será enviado al Parlamento como una "herramienta muy eficaz" para que nuestra economía compita en la economía global y para que "internet se convierta en un hábito" para ciudadanos y empresas.
María Teresa Fernández de la Vega recordó que, si bien nuestra economía disfruta del mayor crecimiento en la zona euro, es necesario acelerar el uso de nuevas tecnologías para ser más competitivos.
