Sánchez carga contra el Consell de PP-Vox: "equiparar víctimas con verdugos es lo contrario a la concordia"

El presidente avanza que el ejecutivo español va a defender "la memoria democrática y la dignidad de las víctimas del franquismo"

El presidente Pedro Sánchez

El presidente Pedro Sánchez / INFORMACIÓN

Nelo Simo/EP

El presidente del GobiernoPedro Sánchez, ha cargado contra los tres gobiernos autonómicos de PP y Vox, entre ellos el valenciano, que han impulsado las denominadas leyes de concordias, tras el informe de los relatores de Naciones Unidas reclamando medidas necesarias para preservar la memoria histórica, y ha avisado que desde el Ejecutivo español se va a defender "la memoria democrática y la dignidad de las víctimas del franquismo".

Según el presidente, "equiparar víctimas con verdugos es lo contrario a la concordia" e "igualar dictadura a democracia es lo contrario a la verdad". "El retroceso que representan los gobiernos autonómicos de Feijóo y Abascal no son una amenaza sino una realidad", ha indicado Sánchez en un mensaje publicado en la red social X.

En el informe de los relatores de la ONU se insta al Gobierno de España a que "tome las medidas necesarias" para preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia tramitadas por PP y Vox en Aragón, Comunitat Valenciana y Castilla y León, alegando que pueden "invisibilizar" las "graves violaciones de los Derechos Humanos" cometidas durante el "régimen dictatorial franquista".

Ley de Memoria Democrática

Así lo han expresado tres relatores de Naciones Unidas en un informe en el que han dado respuesta a la denuncia presentada por el Gobierno contra las denominadas "leyes de concordia" que han sido tramitadas en tres de los territorios donde PP y Vox gobiernan en coalición. El Ejecutivo central elevó la cuestión a la ONU al considerar que estas normas son "contrarias" a los valores recogidos en la Ley de Memoria Democrática aprobada la pasada legislatura.

"Las llamadas leyes de 'concordia' aprobadas o presentadas para aprobación parlamentaria en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León, y Valencia, podrían afectar a la obligación del Estado español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales o locales, en materia de Derechos Humanos, en particular la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de Derechos Humanos", se lee en el documento de la ONU.