Un centro cívico-social y una extensión administrativa. Este es el uso que el Ayuntamiento de Benidorm quiere darle a la casa de peones camineros que existe al final de la Vía de Emilio Ortuño y que lleva años en estado de abandono y suciedad. La propuesta llega después de que el Gobierno central, propietario del inmueble, vea con buenos ojos la cesión de la misma al Consistorio tras años de peticiones y reivindicaciones.

El concejal de Patrimonio General, Jaime Jesús Pérez, ha presentado una moción por la vía de urgencia este mismo lunes al pleno en la que se recogía la petición al Ministerio de Hacienda de la cesión definitiva de la casa de peones camineros para destinarlo a centro cívico-social a favor de la Asociación Vecinal del Saladar y usuarios en general, para que el mismo acoja además una extensión administrativa municipal. La propuesta fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos (PP, PSOE y Cs).

Así, el edil indicó que tras las gestiones realizadas con los Ministerios de Hacienda y Fomento se recibió a principios de mes un oficio "en el que se requería al Ayuntamiento que traslada el fin al que se quiere destinar el inmueble" para estudiar la viabilidad de la cesión de esta antigua casa de peones camineros, que cuenta con una parcela de 384 metros cuadrados y una edificación de 138 metros cuadrados.

Cabe recordar que esta vivienda usada antiguamente por los peones camineros lleva años abandonada, algo que la ha llevado incluso a tener "okupas" y a acumular suciedad y escombros. La cesión de la misma para que sea el Ayuntamiento quien decida qué hacer y rehabilitar este inmueble es una reivindicación histórica de los vecinos de la zona.

El pleno de este lunes aprobó además con el voto favorable de toda la Corporación, la propuesta del alcalde, Toni Pérez, para solicitar al Consell la "Condición de Municipio Turístico de la Comunitat Valenciana" para Benidorm, en base al nuevo decreto autonómico aprobado el pasado 10 de enero que desarrolla la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de 2018. También, la Corporación ha acordado solicitar a la Dirección General de Costas la concesión sobre el embarcadero y las construcciones existentes en la isla de Benidorm en base al proyecto básico de rehabilitación integral de dichas construcciones en un Centro de Interpretación y por "el plazo máximo posible" conforme a la Ley de 1988.

Además, también por unanimidad, ha prosperado la moción presentada por el alcalde para pedir a la Diputación Provincial de Alicante que ceda al Ayuntamiento el tramo de la carretera CV-753, que enlaza con l'Albir popularmente conocida como 'turística', a su paso por Benidorm y la propuesta para aprobar el precio del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos para el año 2020.

El concejal del área, José Ramón González de Zárate, ha indicado que el Ayuntamiento abonará en 2020 por el servicio prácticamente el mismo importe firmado en 2013 por el entonces gobierno socialista. La diferencia entre el importe de 2013 y el que se va a abonar en 2020 viene marcada por la subida anual del IPC y por la salvedad de tener que abonar el alquiler de nuevos vehículos, al estar los actuales completamente amortizados desde 2010. No obstante, edil ha recalcado que "el ciudadano no va a pagar ni un euro más por el servicio".

De Zárate ha aclarado que en 2018 y 2019 el Ayuntamiento abonó a la concesionaria un millón de euros menos de lo presupuestado, en aplicación de la auditoría externa Faura Casas, si bien esta cuantía es en estos momentos objeto de reclamación judicial por parte de la concesionaria.

También en materia de contratación y con idéntico resultado, se ha decidido comunicar a la empresa SICE, concesionaria del alumbrado público y de las instalaciones de regulación de tráfico, que deberá "continuar con la prestación del servicio en los términos actuales" hasta "el 30 de septiembre", fecha en la que se estima que habrá ya nuevo adjudicatario. A este respecto, De Zárate ha aclarado que "por decisión técnica" y en base a la normativa estatal el actual contrato se va a dividir en dos: uno referido a los servicios de tráfico y otro exclusivo para el alumbrado público. En el mismo acuerdo, se ha aprobado un reconocimiento extrajudicial por importe de 422.204,70 euros para abonar las facturas a la actual concesionaria, correspondientes al periodo agosto 2019-enero 2020.

Aparcamiento de l'Aigüera

Con todo, también se ha aprobado el cambio del modo de gestión del aparcamiento situado en la Plaza SSMM Reyes de España que, en base a los informes técnicos y la auditoría realizada al efecto, pasará a ser "de gestión directa con auxilio de una empresa privada". Según ha indicado el concejal de Movilidad, José Ramón González de Zárate, esta nueva fórmula de gestión va a suponer "un salto de calidad para el aparcamiento comercial en el centro de Benidorm", y que el Ayuntamiento sea quien controle y determine "las tarifas", pudiendo establecer tarifas "para el comercio y restauración, para trabajadores, de tipo social o para residentes".

De Zárate ha señalado que "el Ayuntamiento ya ha notificado a la empresa que gestiona actualmente este aparcamiento que el 30 de mayo finaliza la concesión" y le ha trasladado "las actuaciones" que ha de realizar para "que entregue estas instalaciones en perfectas condiciones". Unas actuaciones que la mercantil "ya está ejecutando". Con la aprobación plenaria, se inicia ahora el trámite para redactar el pliego de condiciones para contratar a la empresa auxiliar.

En este punto, el portavoz del PSOE, Rubén Martínez, criticó que el gobierno del PP haya tumbado la propuesta socialista para blindar los derechos de los actuales trabajadores. El grupo municipal presentó una enmienda para que en los pliegos de contratación se contemple que la empresa privada que asuma el auxilio subrogue en sus derechos y obligaciones a los actuales trabajadores del aparcamiento.

Con el voto unánime, el pleno ha acordado aumentar los servicios puestos a disposición de emprendedores mediante la creación de un nuevo espacio 'coworking' e incubadora empresarial en las dependencias municipales ubicadas en el edificio Anna, situado en la calle Gerona y se ha ratificado el informe emitido por el secretario municipal el pasado mes de diciembre en relación a los convenios urbanísticos del APR-7. El acuerdo incluye desestimar las alegaciones presentadas en trámite de audiencia por un propietario.