Ni había móvil ni malas relaciones entre Alejandro Ponsoda y Juan Cano. Así lo sostuvo ayer el abogado de Cano, Javier Boix, durante su informe final en el juicio por el asesinato del alcalde de Polop Alejandro Ponsoda. Boix insistió en que la Guardia Civil acudió a lo que él bautizó como «la teoría del odio» para inculpar a su cliente después de encontrarse con que no había móvil ni personal ni urbanístico para el crimen. «Cano ya tenía todo el poder en el Ayuntamiento porque Ponsoda se lo había delegado todo. Éste también estaba preparando su dimisión porque estaba cansado, así que tampoco era una obstáculo para acceder a la Alcaldía. Como no hay móvil se inventan que lo odia», dijo. El letrado insistió en que la «teoría del odio es falsa», por lo que se acabó convirtiendo en «la teoría del caos».
La última jornada del juicio por el asesinato del alcalde de Polop se centró en los informes de conclusiones de las defensas de los cuatro acusados de ser los presuntos autores intelectuales del crimen. Alejandro Ponsoda murió tras recibir un disparo en la cabeza la noche del 19 de octubre de 2007 cuando llegaba a su casa en la pedanía polopina de Xirles.
Un testigo protegido aseguró dos años después que le ofrecieron el asesinato en el verano de 2007 en los reservados del club de alterne Mesalina de Finestrat durante una reunión en la que estaban presentes Juan Cano, sucesor de Ponsoda en la Alcaldía, el empresario polopino Salvador Ros, así como Ariel Gatto y Pedro Hermosilla, gerente y propietario del prostíbulo respectivamente. Ese testigo protegido apuntó a los checos Robert Franek y Radim Rakowski, así como al español Raúl Montero Trevejo como presuntos autores materiales del crimen, aunque durante el juicio matizó que no sabía si habían sido ellos quienes dispararon. La Fiscalía y la acusación particular que ejercen las dos hijas del político asesinado reclaman penas de entre 25 y 27 años de cárcel para los siete acusados.
Durante la sesión de ayer, las defensas se centraron en los que ellos consideran «las mentiras y contradicciones» del testigo protegido y cuestionaron la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que algún letrado se refirió como «chapuza». Tras los informes de las partes, el lunes la magistrada que preside el jurado entregará al tribunal popular el objeto del veredicto, momento en el que el tribunal popular se retirará a deliberar sobre qué hechos han quedado probados o no en este juicio.
«Escuchas exculpatorias»
Boix recalcó durante su informe final de algo más de una hora que ninguno de los testigos que había venido a declarar a la vista oral había presenciado escenas de enfrentamientos violentos entre Ponsoda y Cano. Tampoco aparecían comunicaciones de su cliente con el resto de los acusados en los listados de llamadas, ni nadie que le haya situado en el club Mesalina en el año 2007. A su juicio, a la sala de vistas sólo se habían llevado «chismes» y «cotilleos» y hasta las escuchas que hizo la UCO a Cano eran «exculpatorias».
El abogado recalcó que, «aunque uno pueda pensar que una persona ha cometido un delito, no se le puede condenar por ello» y que «las opiniones de un policía no se convierten en hechos. De lo contrario, esto sería un estado policial», subrayó, calificando el juicio como «un error». El letrado cuestionó la labor de la UCO, donde hay pesquisas que no se aportaron al procedimiento, pese a que algunas eran exculpatorias para los acusados. Entre ellas, triangular los teléfonos de todos ellos para comprobar si en algún momento estuvieron juntos en el club Mesalina el verano de 2007.
Boix incidió en que los distintos relatos que había ofrecido el testigo protegido estaban plagados de contradicciones. En total, contabilizó hasta diez, subrayando que ni siquiera la descripción que dio el confidente a la UCO coincidía con la de Cano excepto el dato del ojo estrábico y «dudo que él supiera qué significaba esta palabra. Alguien se la puso en su boca».
En esta línea, también recalcó que en las escuchas telefónicas de una operación contra el tráfico de drogas y anabolizantes en la que estaba implicado el testigo protegido, se le escuchaba decir que estaba buscando trabajo porque no tenía, conversaciones mantenidas en el verano de 2007, la fecha en la que habría tenido lugar la reunión del Mesalina. Las defensas sostienen que el confidente no entró a trabajar en el prostíbulo hasta 2008.
Por otro lado, la defensa de Ariel Gatto, Jaime Pérez Linares, recalcó que «no hay crímenes perfectos, sino malas investigaciones y ésta ha sido pésima». El letrado dijo que todo se basaba en la palabra de un testigo «de muy dudosa reputación, por no decir ninguna» y recalcó que «las famosas reuniones en la sala VIP no existen más que en la mente de un fabulador». «Mi cliente no es un santo, pero tampoco es un asesino», dijo.
«Lamentable chapuza»
Como «lamentable chapuza» ha definido la investigación de la UCO el letrado Francisco González, que defiende a Pedro Hermosilla. El abogado aseguró que el personal de la UCO «sabía desde el principio que el testigo protegido les estaba engañando» pero se aferró a él «porque tras dos años de investigación no tenían nada». Según aseguró, con su relato había obtenido el que se hicieran desaparecer otros antecedentes policiales.
El letrado incidió en que los errores comenzaron la misma noche del asesinato en lo que consideró como una deficiente inspección ocular. De ella, no pudo determinar ni desde dónde se produjeron los disparos, ni cuántos hubo. Ni siquiera, los forenses precisaron si la herida que tenía Ponsoda en el labio fue el roce de una de las balas, explicó. González cuestionó que este asunto fuera competencia de un jurado porque la causa de la muerte de Ponsoda no fue el disparo sino un fallo multiorgánico por infección pulmonar. El letrado hizo un llamamiento al jurado para que con su veredicto «obligue a la Guardia Civil a hacer lo que no hizo en su día, investigar».
La defensa de Salvador Ros, el letrado Jorge Martínez Navas, incidió en los «diez años de pesadilla que suponen que te acusen de un asesinato que no has cometido». «A Salvador Ros lo han llevado a la ruina total. Ha perdido a su familia, a sus amigos, los negocios. La película de Scorsese que algunos se han montado ha sido la desgracia de otros». En este línea, subrayó la indignación que le causaba la cantidad de dinero público que se ha despilfarrado y que ha colapsado un juzgado para «una investigación que estaba muerta», en referencia al testimonio del confidente.
