«Quien más se benefició del crimen del alcalde de Polop se sigue paseando libremente por el pueblo». Así lo aseguró ayer la fiscal del caso, Lourdes Giménez-Pericás, durante su informe final al jurado en el juicio por la muerte a tiros de Alejandro Ponsoda y en el que mantuvo las acusaciones contra Juan Cano y los otros seis acusados. Con estas palabras intentó explicar el ambiente de temor existente entre los vecinos para venir al juicio a declarar, así como también destacó el «turbio entorno» de los clubes de alterne, donde ha sido una constante que los testigos se retractaran. Pero, a pesar de todo, considera que hay indicios para considerar a Cano autor intelectual del crimen.
La vista oral ha entrado en su recta final con las conclusiones de las partes. Ayer informaron la fiscal, la acusación particular y las defensas de los tres presuntos autores materiales del crimen. Hoy está previsto que lo hagan los letrados de los cuatro supuestos intelectuales, entre los que se encuentra el sucesor de Ponsoda en la Alcaldía Juan Cano. A continuación, los acusados podrán ejercer su derecho a última palabra y el lunes comenzaría la deliberación del jurado. Para los siete acusados se piden penas de entre 25 y 27 años de cárcel.
La representante del Ministerio Público centró en la figura de Cano sus más de noventa minutos de exposición y aseguró que en esta investigación todos los caminos apuntaban a él, citando al capitán de la Unidad Central Operativa (UCO), el cuerpo de élite de la Guardia Civil que llevó la investigación. «Fue un asesinato por encargo en el que los ejecutores no conocían a la víctima, lo hicieron para enriquecerse», explicó la fiscal que añadió que el presunto autor intelectual fue Cano y su móvil, el resentimiento que tenía hacia Ponsoda.
Desde el Ministerio Público se incidió en el origen de ese rencor, cuando la dirección del PP apartó a Cano en 2003 de las listas al Ayuntamiento de Polop por una supuesta extorsión a un empresario. «No se apartó por petición propia fue una imposición y Cano reprochó a Ponsoda que no le defendiera», aseguró. El siguiente punto de fricción vino cuando Cano intentó crear una Gerencia de Urbanismo para seguir controlando este área desde fuera del Ayuntamiento y finalmente Ponsoda no se lo permitió. Cuando Cano volvió al Ayuntamiento en 2007 en una lista controlada por él, la fiscal ha recordado que empezaron los comentarios del tipo «el alcalde no llega a Navidad». «Este tipo de afirmaciones se producen en los días previos a la muerte de Ponsoda», aseveró.
La fiscal admitió que algunos de los testigos que situaron a Juan Cano en el entorno del club de alterne Mesalina, donde se habría gestado el crimen, durante las fechas previas a los hechos se habían retractado y ahora lo negaban, pero incidió en que sí había quedado acreditado que éste «no era ajeno al local» y conocía a sus propietarios por haberles gestionado una hipoteca cuando trabajaba en una sucursal de la CAM. Cano admitió que había ido a tomar alguna copa en el local, pero entre los años 2003 y 2004. «En 2007, todo el mundo parece haber desaparecido del Mesalina», aseguró la acusadora.
La fiscal defendió en su alegato la credibilidad del testigo protegido y la investigación de la Guardia Civil. Desde el Ministerio Público se aseguró que el confidente no había obtenido beneficio alguno por su declaración. «No necesitaba declarar en esta causa para frenar el expediente de expulsión a su novia, porque él es ciudadano comunitario y le hubiera bastado con casarse con ella», dijo. Tampoco cree que obtuviera beneficios en la causa en la que estaba investigado por una red de tráfico de anabolizantes y drogas en la Marina Alta. «Fue condenado tras un juicio de conformidad junto al resto de los acusados», dijo, pena que en el caso del testigo fue de tres meses de prisión.
«El testigo no es el único indicio»
«Él aseguró que tras su declaración en el juicio salía con una diana espalda», insistió pero también señaló que el testimonio de este antiguo portero del club de alterne «no es el único indicio » y que hay datos que corroboran su relato. También destacó que tres guardias civiles que investigaron una denuncia de trata de blancas en el club en 2007 situaron al testigo como portero del local en esas fechas, algo que siempre han negado las defensas y que argumentan que no se le contrató hasta un año más tarde.
El testigo protegido relató que le ofrecieron en los reservados del club de alterne Mesalina durante el verano de 2007 matar al alcalde de Polop . Una reunión en la que estaban presentes el empresario Salvador Ros y el gerente y uno de los dueños del prostíbulo, Ariel Gatto y Pedro Hermosilla. La fiscal dijo que la UCO había logrado acreditar la relación entre todos los acusados, y que el testigo protegido había dado un descripción física de Juan Cano, como que tenía un ojo «estrábico» y a quien no conocía de nada e identificaba como «el director de la CAM».
La fiscal aseguró que el asesinato fue planificado por una persona con acceso a la agenda del alcalde y que sabía que la noche del 19 de octubre de 2007 en que Ponsoda fue tiroteado tenía que estar en su casa a esa hora para dar de cenar a su padre. «Fue una ejecución y no tuvo ocasión de defenderse. Le dispararon sin que le diera tiempo a poner el freno de mano», recalcó.
Aunque en sus declaraciones iniciales el testigo apuntó al español Raúl Montero y a los checos Radim Rakowski y Robert Franek como autores del crimen, en el juicio aseguró que no sabía si finalmente lo hicieron ellos, solo que dio sus nombres y le dijeron que lo habían hecho ellos. La fiscal aseguró que los tres se encontraban en el entorno de Benidorm en la fecha de los hechos, se conocían entre sí y tenían acceso a armas ilegales. Y también recordó declaraciones anteriores de Montero, de las que luego se retractó, admitiendo que le propusieron matar al alcalde.
Menos tiempo usó para su informe el letrado Vicente Guerri, acusador particular en nombre de las dos hijas del fallecido. Media hora en la que se adhirió a las conclusiones de la Fiscalía y en la que destacó que «Cano sentía que era quien gestionaba el Ayuntamiento y el mérito se lo llevaba Ponsoda», lo que provocó que sintiera «odio» hacia él. El letrado destacó que el resto de los acusados eran «personas sin escrúpulos» que se movían en clubes de alterne y se dedicaban a la extorsión, cobrar deudas y drogas.
