31 de enero de 2020
31.01.2020

Las defensas de los presuntos sicarios al jurado: «Valoren pruebas y no chismes»

La juez rechaza la pretensión de los abogados de los siete acusados de disolver el jurado «ante la falta de pruebas de cargo» ?Los letrados arremeten contra la credibilidad del testigo protegido y critican la investigación de la Guardia Civil

31.01.2020 | 10:30

Valorar pruebas y no conjeturas, sospechas o chismes. Es la indicación que coincidieron en hacer al jurado popular que está juzgando el crimen del alcalde Polop Alejandro Ponsoda las defensas de los tres considerados autores materiales del asesinato, el español Raúl Montero y los checos Radim Rakowski y Robert Franek. Pero esta no fue la única sincronía en sus alegatos finales entre los tres letrados, a los que hoy seguirán los cuatro de los acusados de planear y encargar la muerte del regidor.

Los defensores fueron coincidentes también en criticar la investigación, «que no fue capaz de aclarar el crimen», y en arremeter contra la credibilidad del testigo protegido, principal prueba de cargo de las acusaciones.

En un solvente alegato, José María Borja, el abogado de oficio de Montero, sostuvo que «quien mató a Ponsoda no salió de Xirles, algo que explicaría que nadie viera ningún coche dándose a la fuga, lo que no habría pasado desapercibido en un núcleo de población tan pequeño». Y que, «con independencia de cuántos intervinieran el tiroteo, muy profesionales no eran cuando tuvieron que efectuar varios disparos. Luego más que un crimen por encargo, a mi me parece el de alguien no muy habituado a disparar», señaló en un tono acorde a lo que requiere un juicio con jurado.

Al igual que también plantearon Sebastián Parrilla y Mariana Ivanov en nombre de los ciudadanos checos, Borja incidió en la ausencia de testigos, de restos ADN, de posicionamientos de móviles incriminatorios y hasta de las armas, que no fueron localizadas. E hizo hincapié, como sus compañeros, en el «currículum del testigo protegido, que muy normal no es cuando pasó de contratista militar a portero en un puticlub de Benidorm». Y contra el que, «de dictarse sentencia condenatoria, el fiscal tendría que actuar por encubrimiento, si no ha prescrito el delito», apostilló.

De Montero, su letrado enfatizó también que «no se marchó a Bélgica como Puigdemont, sino que se quedó en Coria» y señaló al jurado que «los 27 años que le piden le supondría pasar en prisión lo que les queda de vida».

La letrada de Franek, quien finalizó su alegato con lágrimas en los ojos pidiendo la absolución «de un inocente para que el la Justicia no se atrevió a archivar las actuaciones», defendió asimismo la hipótesis de que nadie de fuera de Xirles podría haber cometido el crimen, pero fue más allá: «la única explicación es que el asesino estuviera dentro de la finca de la casa de Ponsoda». Abundando en las lagunas de las pesquisas, Ivanov criticó que «no se identificara a las personas que estaban en el lugar del crimen ni se les practicara la prueba para detectar restos de pólvora». Y respecto al testigo protegido recordó que «él sólo dijo que propuso los nombres (de tres acusados de la autoría material) como podía haber declarado que nos había propuesto a todos».

Previamente la juez había rechazado la petición de todas las defensas de disolver el jurado por falta de pruebas. «Eso sólo es posible cuando existe una total y absoluta falta de pruebas, que no es el caso», argumentó la magistrada.

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