En las zonas rurales existe en general una mayor sensación de inseguridad debido a la inexistencia de Policía Local en la mayor parte de poblaciones y la lejanía a la que se encuentran los cuarteles de la Guardia Civil. Un sentimiento que se refuerza cada vez que se produce algún robo o asalto en viviendas, edificios públicos o fincas de estos municipios. Se trata de episodios esporádicos, de incidencia casi siempre poco significativa, pero que suelen dejar en los habitantes de estos lugares una notable sensación de desamparo, y que acaba siendo un factor más de lo que implica el fenómeno de la despoblación. Y que, como todo lo relacionado con este problema, contribuye a fomentar el desánimo.
Este patrón se repite en el interior de la provincia, en los pequeños municipios de El Comtat, l'Alcoià, la Marina Baixa y la Marina Alta. Cada vez que se produce algún robo se instala entre la población una cierta psicosis, un temor a que estos hechos sean cada vez más frecuentes, y a que los delincuentes actúen con impunidad al haber en la zona pocos cuarteles de la Guardia Civil, con pocos agentes y en ocasiones a distancia de los pueblos. Ha vuelto a ocurrir hace pocos días en Alfafara, donde fueron asaltadas seis viviendas en una sola noche, en algún caso incluso con los moradores dentro.
Este último episodio ha vuelto a poner sobre la mesa una reivindicación constante en estos municipios: el refuerzo de los medios de seguridad para evitar que se produzcan más robos. Los ayuntamientos de estas comarcas hacen hincapié en la petición de dotar a los cuarteles existentes de más agentes y explorar la posibilidad de habilitar otros nuevos. Y también, en la necesidad de optimizar recursos con medidas como que a la hora de dar respuesta a una eventualidad prevalezca la distancia antes que los límites administrativos.
El alcalde de Alfafara, Toni Cloquell, insiste en este último aspecto en que a esta localidad tuvieron que acudir agentes del cuartel de Ibi porque el de Muro, del que dependen, tiene una plantilla muy limitada y no podían desplazarse desde allí. Más cerca que éstos se encuentra el de Bocairent, pero al pertenecer esta localidad a la provincia de Valencia no se pudo recurrir a él. En este sentido, Cloquell critica que «tengamos fronteras provinciales, sobre todo dentro de la misma comunidad autónoma», una particularidad que afecta de manera especial a esta localidad en varios aspectos.
Tras los robos no sólo se ha instalado el miedo entre la población, sino que también hay quien quiere sacarle provecho de forma legal pero incómoda para los vecinos: el alcalde de Alfafara cuenta que en los últimos días se han presentado en el pueblo bastantes representantes de empresas de alarmas que han sabido de este suceso por los medios de comunicación «y que agobian a la gente». Cloquell admite que lo ocurrido es «algo puntual», pero que «ha pasado, hay que ser realistas», y que «podemos intentar calmar a la gente, pero nos han entrado a robar» y que por ello es necesario «hacer fuerza entre todos» los municipios para que se dote a los cuarteles de la zona «de los medios que hagan falta». El primer edil mantuvo un encuentro de carácter informal con la subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli Poblador, quien mostró su disposición a abordar el asunto de manera más oficial, en compañía de las mancomunidades de municipios de la zona, que se vienen pronunciando sobre este mismo tema desde hace algún tiempo.
El alcalde de Alcoleja y presidente de la Mancomunidad del Xarpolar, Francisco Fenollar, señala que esta reunión tendrá lugar el próximo 12 de diciembre. Una de las principales reivindicaciones es la asignación de más guardias civiles a los cuarteles de Cocentaina y Muro, a los que están asignados estas localidades, y que en la actualidad están «infradotados». Fenollar recuerda que «la proximidad es muy importante» en estos casos, y alude al efecto disuasorio que podría tener una mayor presencia de la Benemérita en la zona. En estos pueblos, recalca, «cada vez somos menos y nos sentimos menos protegidos», y cuando ocurre algún suceso «se genera una alarma brutal».
En Alcoleja falleció en febrero de 2012 una vecina durante el asalto a su vivienda, a pleno día. Más recientemente, entraron a robar una noche en el Ayuntamiento, los bares y varias casas. «Se tiraron toda la noche en el pueblo», se lamenta el alcalde, quien además apunta que esto daña gravemente al turismo rural, aparte de a los propios vecinos. «Si perdemos la tranquilidad, que es uno de los principales factores para que venga alguien a los pueblos, apaga y vámonos».
El alcalde de Planes, Javier Sendra, quien presidió también la Mancomunidad del Xarpolar hace algunos años, coincide en que la sensación de inseguridad «supone un factor más para la despoblación». Destaca que «la Guardia Civil hace todo lo que puede», pero «aumentar el número de agentes estaría muy bien, porque sólo su presencia hace ya mucho, y el tiempo de reacción es fundamental». Por ello, en su época de presidente de El Xarpolar se propuso la reapertura del cuartel de Planes, cerrado desde hace décadas, «como punto más o menos intermedio entre las localidades afectadas». La idea, sin embargo, se desechó «porque la ratio de delincuencia era baja».
También se planteó en esa época la creación de una Policía Local mancomunada entre varios municipios, pero se descartó el elevado coste que tenía. Ante esto, Sendra insiste en que una solución podría ser que la Guardia Civil volviera a tener presencia en Planes. Con ello, apunta, se facilitaría también «que se denunciaran más robos», ya que, según señala -y aseguran también otros alcaldes de la zona-, de algunos poco cuantiosos los propios afectados no dan parte por no desplazarse hasta Muro o Cocentaina.
Disuadidos por el objetivo
Son muy pocos los municipios con menos de 2.000 habitantes que tienen Policía Local, y cuando la hay tienen una plantilla muy limitada. Es el caso de Relleu, con 1.100 vecinos y únicamente dos agentes, que por cuestiones obvias no pueden cubrir una vigilancia permanente. No obstante, gracias a su existencia se han podido instalar en la localidad cámaras de videovigilancia. Están ubicadas en puntos estratégicos como el exterior del Ayuntamiento, las entradas al pueblo y la calle principal. El alcalde, Lino Pascual, explica que a medio plazo se pretende colocar algunas más en entradas a caminos rurales.
La idea de instalar las cámaras vino «después de robos en casas de campo», y siendo conscientes de que «la Guardia Civil -que a Relleu acude desde Finestrat- se parte el pecho pero no puede llegar a todos los sitios», al igual que los dos agentes de la Policía Local. Ellos son quienes tienen acceso a las imágenes, pero sólo las visionan si se produce alguna denuncia, para observar si se ha producido algún movimiento sospechoso. Pascual se muestra muy satisfecho de que «desde entonces han descendido los robos», en buena medida gracias, cree, a que la presencia de las cámaras «es disuasoria». Además, «han servido para esclarecer» algunos asaltos que se han producido.
La puesta en marcha del sistema de cámaras supuso en su día una importante inversión para Relleu, pero el coste del mantenimiento «no es un gasto grande» y se centra sobre todo en la línea wifi, señala el alcalde. No obstante, recalca que «no podemos escatimar en gastos de seguridad». La idea, de hecho, es en cierta manera envidiada en municipios próximos, como en Sella, donde lamentan que la inexistencia de un cuerpo policial local ha impedido seguir la iniciativa de Relleu; sólo hay una cámara de seguridad a la entrada del polideportivo. Pablo Giménez, concejal en esta localidad, comparte la opinión predominante en El Comtat de que «el problema es la infradotación de los cuarteles»; Sella también depende del de Finestrat, situado a 11 kilómetros. En una reunión en la Subdelegación del Gobierno, explica, «nos dijeron que intentarían que hubiera más presencia de la Guardia Civil, pero la dotación existente es la que es». Por ello, cree que crear una policía local mancomunada sería una solución y apela a que la Administración ayude a «regularlo y financiarlo».
A las limitaciones de la Benemérita hace también alusión el diputado provincial y edil de Xaló Gerard Fullana. En esta localidad hay cuartel, del que también dependen varios municipios próximos, pero «no abre todos los días, y por la noche está cerrado», por lo que ante cualquier problema deben acudir agentes de Calp. La Policía Local, por su parte, con siete agentes, «hace más una labor asistencial y de servicio público, brutal», pero tampoco puede asumir una vigilancia nocturna. Por ello, la queja acaba siendo la misma: la necesidad de más presencia y mayores medios para la Guardia Civil.
Subdelegación Buena disposición y traslado de las quejas que llegan
Subdelegación Buena disposición y traslado de las quejas que lleganAl margen de las quejas que expresan los pequeños ayuntamientos en cuanto a falta de medios de seguridad, los munícipes coinciden en destacar la receptividad y buena disposición que encuentran por parte de la Subdelegación del Gobierno a la hora de exponer sus demandas. Fuentes de esta institución señalan que se da traslado de las mismas a la administración central, ya que la decisión de dotar de más medios de seguridad corresponde en última instancia al Ministerio del Interior. No obstante, las mismas fuentes hacen también hincapié en que ahora mismo se da una respuesta óptima a las eventualidades que se presentan, y aluden a «la cantidad de robos que se solucionan». Con todo, comprenden que se genere sensación de inseguridad ante un suceso.
