El periplo judicial de las torres de Punta Llisera de Benidorm suma un nuevo capítulo: el Ayuntamiento de la ciudad se suma al proceso abierto y luchará para intentar que el derribo al que están condenados estos dos edificios no sea una realidad. Así, la administración local ha decidido personarse como «parte afectada» en el procedimiento que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) e intentar defender con ello los intereses de la ciudad.
Esta personación fue dada a conocer ayer en una Junta de Portavoces celebrada en el Ayuntamiento en la que se comunicó a los grupos políticos el decreto firmado por el alcalde, Toni Pérez, en el que se recoge este movimiento judicial que va a llevar a cabo el Ayuntamiento, una cuestión que deberá ser ratificada en el próximo pleno. Después de eso, según fuentes municipales, se trasladará esta decisión al TSJ para que Benidorm pueda ser parte en esa causa abierta; entonces será el tribunal autonómico el que decida si accede a la petición o no.
La decisión tomada por el gobierno local llega dos años después de que el TSJ ordenara al Consell que procediera al derribo de las torres de Punta Llisera, dos inmuebles edificados a escasos metros del mar que se encuentran fuera de ordenación desde 2012, cuando el Tribunal Supremo (TS) anuló la licencia concedida en 2005 a Edificaciones Calpe para construir el polémico complejo Gemelos 28.
El TSJ ordenó en noviembre de 2018 a la Generalitat, como responsable de la concesión de dicha licencia, la demolición de ambas torres y la indemnización a los propietarios de las 168 viviendas de lujo. Todo ello a instancia de un particular que exigió durante años la ejecución de la sentencia de demolición.
Desde entonces, y tal y como publicó este diario, el Ayuntamiento de Benidorm no había podido personarse en la causa. Sin embargo, y debido al «actual momento procedimental» de la misma, pueden participar en ella «quienes se vean materialmente afectados por una sentencia aunque no hayan intervenido en el proceso», tal y como recoge el informe de Secretaría hecho a instancias del alcalde. De ahí que se ampare la personación del Ayuntamiento como «parte afectada» por la ejecución de las resoluciones que adopte el TSJ en relación a las torres de Punta Llisera, según indicaron fuentes municipales.
Ese informe recoge además que «es obvio» que la ejecución de las resoluciones judiciales en este asunto «afectan notablemente a Benidorm» tanto por la «envergadura de la actuación como por la ubicación de la misma, muy próxima al litoral y playas urbanas» de la ciudad. Además, se da la circunstancia de que la administración local debería intervenir en las mismas «aunque sea a título de responsable de las autorizaciones urbanísticas y ambientales». Así, según las fuentes consultadas, será el secretario municipal el designado para esa defensa del Consistorio de Benidorm.
Defender a la ciudad
El Ayuntamiento de Benidorm pretende con este movimiento judicial sobre todo «defender los intereses de la ciudad», apuntó la portavoz del gobierno del PP, Lourdes Caselles. Entre otras razones, porque podría suponer un perjuicio medioambiental ya que se encuentran dentro del dominio marítimo terrestre además de en el parque natural de Serra Gelada, por lo que tendría consecuencias graves tanto para esa zona como para el mar, que está a escasos metros. Una premisa a la que el Consell también recurrió para intentar frenar la demolición. Pero además, porque una de las posibilidades tras una demolición es que se vuelva a construir una torre incluso de más altura solo unos metros más atrás.
Tras conocerse esta cuestión, el portavoz del PSOE, Rubén Martínez, indicó que «será difícil que se acepte» esa personación aunque «es lo más lógico aunque sea para defender el perjuicio que puede generar a Benidorm». Desde Cs,el portavoz Juan Balastegui apuntó que «ya lo habíamos dicho alguna vez. Así apuntó que «el Ayuntamiento debe defender sus intereses» porque además «es una barbaridad que se pueda derribar y construir unos metros más atrás».
Con todo, el pasado mes de enero, fue la Generalitat la que, en un intento a la desesperada, presentó ante el Tribunal Supremo un incidente de nulidad de actuaciones, trasladado también al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, para agotar una de las últimas vías y evitar ese derribo. Todo después de que el Supremo inadmitiera los recursos de promotora y Generalitat contra la sentencia.
El coste del mismo que calculó el Consell supera los 100 millones de euros que incluirían el coste de echar abajo estos dos edificios de 22 plantas y las indemnizaciones a los propietarios de las 168 viviendas de lujo que llegaron a pagar antes de la crisis precios que oscilaban entre los 460.000 y los 720.000 euros. A todos ellos habría que abonarles el precio que pagaron por los apartamentos más un 20%, según recogía el auto del TSJ de noviembre de 2017.
