El juicio por el accidente del elevador del In Tempo llegaba su fin. el día de ayer. Después de tres sesiones de más de cinco horas cada una, en las que han declarado peritos, expertos y las partes involucradas, ahora está a la espera de que las partes, demandante y demandada, presenten sus conclusiones, para que la juez emita un veredicto.
La parte demandante esta formada por los 13 trabajadores que se encontraban en el montacargas cuando ocurrió el accidente. Todos ellos reclaman indemnizaciones por las lesiones y las secuelas que estás han producido, cuya suma podría ascender a 1 millón de euros. Cabe destacar que a 6 de los demandantes se les ha declarado una incapacidad total que les impide desempeñar la profesión de albañil.
Francisco González Fernández, abogado de tres de los trabajadores, explica que en la demanda se incluye a 18 empresas distintas que podrían estar involucradas en los hechos. González Fernández señala que entre esas se encontraría la constructora y la promotora del edificio, que figuraban como tales en aquel entonces. De igual manera también están incluidas las empresas relacionadas con el elevador (fabricante, montador, mantenedor, así como el fabricante del paracaídas) y las aseguradoras.
Este accidente tuvo lugar el viernes 24 de junio de 2011. Ese día 13 operarios resultaron heridos de diversa consideración, la mayoría con politraumatismos, después de que el montacargas en el que se encontraban se precipitara al vacío desde una altura superior a los diez pisos en una de las dos torres.
Las sesiones se celebraron a lo largo del lunes, martes y miércoles. El abogado señala que el proceso se ha prolongado tanto tiempo porque en un principio se planteó un juicio por la vía penal, sin embargo, señala que por las características del caso se terminó optando por hacerlo mediante la jurisdicción laboral.
Polémica
La primera piedra del rascacielos se puso en 2007, entonces Benidorm presumía del edificio más alto de Europa, aunque no ha sido de eso de lo que más se ha hablado sobre el inmueble.
Olga Urbana, primera empresa promotora, declaró en su día el concurso de acreedores y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) adquirió en 2012 el préstamo de 108 millones para construir el rascacielos. Finalmente, Sareb vendió el edificio en 2017 a el fondo de inversión multinacional SVP Global.
Para concluir el edificio, SVP Global ha sumado esfuerzos con la promotora catalana Uniq Residential. Una vez concedida la licencia de obra, y si se cumplen los plazos establecidos por la empresa, el edificio podría estar terminado a finales de 2020.
