Los seis miembros del tribunal calificador de las oposiciones para seleccionar a los agentes de la Policía Local de Benidorm tendrán que declarar en calidad de investigados ante la existencia de presuntas irregularidades durante las pruebas. Así lo ha notificado el Juzgado de Instrucción número 4 de Benidorm en una providencia, del pasado 16 de octubre, según ha publicado la agencia Efe.
El motivo de la citación por parte de la juez, es la comisión de un presunto delito del artículo 415 del Código Penal (infidelidad en la custodia de documentos), que podría derivarse de los hechos ocurridos el 4 de octubre de 2018, cuando durante el examen tipo test uno de los aspirantes denunció que había otros candidatos copiando. Este tipo de hechos ilícitos acarrean una pena de multa de entre seis y doce meses, así como inhabilitación especial para empleo o cargo público que iría desde uno hasta tres años.
En este momento la causa se encuentra en diligencias previas tras la denuncia presentada por uno de los aspirantes. En la providencia judicial también se exige al Ayuntamiento de Benidorm que «se expidan y remitan los dos exámenes originales -cuestionarios y respuestas- confeccionados por los investigados», otro de los aspirantes a agente de la Policía Local.
También ha sido citado a declarar como testigo el vigilante que estuvo en el aula durante el desarrollo del examen. Además, se tomará declaración a un testigo protegido por medio de algún procedimiento que imposibilite su identificación visual.
Paralización
En este momento el proceso para cubrir esas quince plazas de Policía Local de Benidorm se encuentra paralizado. Desde la oposición lamentan esta situación y se piden explicaciones.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rubén Martínez, asegura que ha preguntado en varias ocasiones «por la situación en la que se encuentra el procedimiento y por la investigación relacionada con las presuntas irregularidades», explicando que no han obtenido respuesta. Martínez señala que los hechos generan «inquietud y desconfianza» en la ciudadanía. Por un lado «porque alguien podría haber hecho trampa en algo tan serio para la ciudad como es la seguridad», y por otro porque «Benidorm sigue sin reponer las plazas de Policía Local».
Martínez señala que el plazo para cerrar las oposiciones es de tres años y manifiesta el temor de que «no se complete el procedimiento y Benidorm pierda la oportunidad de mejorar en materia de seguridad».
No solo la oposición pide que se lleven a cabo estas oposiciones, cabe recordar que el pasado mes de julio la junta de personal del Ayuntamiento acordó instar al Consistorio a que «de forma inmediata» reanude el proceso selectivo para la cobertura de esos 15 agentes. Desde la junta de personal se destacaba el déficit que acarrea la plantilla, así como la falta de efectivos a consecuencia de las jubilaciones.
El alcalde de Benidorm, Antonio Pérez, ha señalado que «el Servicio Jurídico Municipal no ha recibido ninguna notificación oficial relacionada con la investigación», por lo que desconoce las últimas novedades del caso. No obstante, afirma que en todo lo que ha tenido que ver con este caso ha actuado conforme a las recomendaciones de la Secretaría General del Ayuntamiento, por lo que cuando reciban información al respecto, la trasladara al secretario y a su vez le solicitará los informes pertinentes para determinar las acciones a seguir en relación con el procedimiento pendiente.
El propio alcalde recordaba que él mismo fue quien decidió anular el examen tipo test y revocó a los miembros del tribunal. También señalaba que ya en ese momento encargó informes técnicos para determinar si finalmente se anulaba todo el proceso selectivo o solo el examen test.
La paralización llegó después de que uno de los opositores denunciara que había al menos un aspirante que contaba con las respuestas del examen tipo test en su poder y que incluso las estaba marcando antes de tener las preguntas.
Pruebas en tela de juicio y bajo sospecha
El 4 de octubre de 2018 se celebraba el examen tipo test, como parte del proceso de selección para cubrir 15 plazas de agente de Policía Local. Este examen representaba la cuarta parte del procedimiento de selección.
Durante el examen uno de los aspirantes manifestó al tribunal que otro de los candidatos estaba copiando, tal y como ya publicó este diario, el denunciante detalló que «en una de las aulas, uno de los aspirantes, antes de que se entregara el examen» ya estaba «contestando a las preguntas» y que «poseía algún tipo de elemento físico situado debajo de su pierna derecha». Asegurando también que «iba mirando y, con un lápiz, iba punteando sobre las casillas las respuestas», para tras la entrega del cuestionario, «solo tener que marcar» las que ya tenía.
Ante esa situación, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, decidió dejar sin efecto el examen y suspender temporalmente todo el proceso selectivo. Posteriormente encargó a los técnicos jurídicos del consistorio informes sobre las «medidas que jurídicamente procedan». Entre ellas, incluso se decidió la revocación de todos los miembros del tribunal bajo sospecha por la supuesta filtración.
A finales de 2018,la Agencia Valenciana Antifraude mandó este procedimiento a Fiscalía, ente que abría diligencias de Investigación Penal por las supuestas irregularidades en estas pruebas para seleccionar policías locales, para investigar la posible filtración de las respuestas del examen. Ahora la Fiscalía ya ha llamado a los 6 miembros del tribunal a declarar como investigados.
