La Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, que dirige el vicepresidente del Consell Rubén Martínez Dalmau, ya dispone de las primeras 30 viviendas en la provincia de Alicante para atender los casos de «emergencia habitacional» a los que se enfrenta la administración autonómica. Estos treinta hogares se encuentran «a la espera de recepción», por lo que la entrada de familias en situación de vulnerabilidad debe ser muy a corto plazo. Con este primer avance, el Consell da el primer paso para solventar la gran demanda de los solicitantes de viviendas sociales, que se pretende paliar con un primer lote de unas 30 viviendas,de los que la mitad deben estar en municipios alicantinos, debido a las necesidades en esta materia registradas en este provincia.
El director general de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVHA), Alberto Aznar ha asegurado que el convenio firmado en marzo de este mismo año entre la Generalitat y CriteriaCaixa, por el que la entidad cedía unas 500 viviendas de su propiedad para destinarlas a alquiler social, va a dar los primeros frutos en el último trimestre del año donde se espera disponer de «un número aproximado de 300 viviendas vacías a gestionar por EVHA-Generalitat en todo el territorio valenciano». Aznar explica que esta cifra «no es definitiva», ya que pueden llegar «viviendas que no cumplan las condiciones de habitabilidad», lo que obligará a seguir buscando otros hogares para «ampliar el número». En concreto, 14.000 personas continúan en lista de espera para acceder a una vivienda social, una cifra similar al número de pisos de la Generalitat, lo que significa que, a día de hoy, el Consell debería duplicar su parque público de inmuebles para atender a todos los solicitantes.
En concreto, el convenio para cesión viviendas para emergencias habitacionales suscrito entre la EVHA y CriteriaCaixa para la provincia de Alicante conlleva que en el último trimestre del año debe recibirse 140 viviendas para alquiler a familias desfavorecidas. De esta cifra, ente septiembre y octubre se gestionarán el «primer paquete» de 30 casas, de las cuales 6 están en Aspe, 5 en Crevillent, 11 en Elche, 3 en Alicante y 5 en otros pequeños municipios de la provincia. Según Alberto Aznar, con los Ayuntamientos de Aspe y Crevillent ya se han mantenido reuniones para implementar el convenio en colaboración con sus Servicios Sociales, que «seleccionarán la unidad familiar adecuada por su situación de vulnerabilidad y en función del tamaño de la vivienda».
A partir de la recepción de estos hogares, la EVHA supervisará que las viviendas cumplen con las condiciones de habitabilidad y de la legalidad de los suministros. Y, si fuera el caso, se encarga de la reparación ordinaria de las mismas.
Precio en función de los ingresos
El precio del alquiler de cada una de estas viviendas dependerá de los ingresos del arrendatario. La renta será el 25% de los ingresos de la familia, con un precio máximo de alquiler de 180 euros al mes, más los gastos derivados de los servicios básicos de luz y agua. De todos modos, como es habitual en estos casos, será Servicios Sociales quien seleccione a las familias beneficiarias.
Con estas medidas, la Conselleria creada por el Botànic II bajo petición expresa de Unidas Podemos, arranca con su «apuesta decidida por aumentar la vivienda social», en especial en situaciones de urgencia. Según el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, la conselleria está «avanzando en un sistema de alerta temprana para determinar la necesidad real y urgente de todas aquellas personas que necesiten una alternativa habitacional». Además, el conseller señaló días atrás que tienen prevista la «adquisición directa de viviendas», que se pondrá en marcha en los próximos meses e incidirá especialmente en los lugares donde la tensión habitacional es mayor.
Además del convenio con CriteriaCaixa, desde la propia Conselleria han afirmado que se trabaja para aumentar el número de viviendas públicas a través de varias fórmulas. Una de ellas es la reactivación de obras de 111 inmuebles protegidos en ocho edificios, con una inversión de 6,3 millones de euros, que permitirá ampliar el parque de viviendas de alquiler social. Uno de los inmuebles se encuentra en la provincia de Alicante, concretamente en Aspe, mientras que hay otro en Castelló y los seis restantes están en València. Otra de las fórmulas en las que se trabaja es el concurso para la adquisición de viviendas para incorporarlas al parque público y destinarlas a un alquiler social. Según fuentes de la Conselleria, el concurso se encuentra en fase final y se espera que a finales de septiembre se formalice el contrato.
