Benidorm lleva más de 30 años luchando para intentar atajar el «trile». Sin embargo, que esta práctica ilegal no aparezca tipificada como delito hace que las herramientas para erradicarlo se queden cortas. Por ello, el Ayuntamiento en bloque, es decir, los tres grupos que lo forman (PP en el gobierno, PSOE y Ciudadanos) se han unido para reclamar al Congreso que modifique el Código Penal para poder acabar con este juego ilegal.

Los tres partidos en el Consistorio se reunieron ayer para, por medio de una moción conjunta que llevarán al pleno del lunes, pedir un cambio en la ley para que el «trile» sea considerado delito y se pueda perseguir con contundencia a aquellos que intentan estafar a vecinos y turistas en las calles más concurridas de la ciudad.

La propuesta que salió de la reunión de los tres grupos recoge que Benidorm lleva desde los años 60 con esta problemática sobre sus espaldas y que está «afectando y dañando la imagen de la ciudad segura que es Benidorm», sin que hasta la fecha se haya encontrado la fórmula eficaz para erradicar la actividad; todo a pesar de que «todos los gobiernos de la ciudad han intentado orquestar estrategias para eliminar la penosa imagen de los 'trileros' actuando en la vía pública».

El Ayuntamiento recoge en la moción que «se hace imprescindible y urge una tipificación de la actividad para señalarle una figura jurídica de mayor nivel», a través de la cual se puedan articular «medidas efectivas» contra el «trile». Lo que además llevaría aparejado que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad contarían con «procedimientos ágiles» y «medidas jurídicas eficaces» que permitan «erradicar de nuestras vías públicas esta actividad fraudulenta» que «daña la imagen de la ciudad de Benidorm y el turismo».

Hasta ahora, la Policía Local estuvo durante meses llevando ante el juez a los supuestos «trileros» por delitos de desobediencia a la autoridad (es decir, por ser reincidentes) y un juzgado había impuesto las primeras condenas. Sin embargo, la Audiencia Provincial tumbó hace unas semanas una de esas sentencias alegando que no era delito y sólo una falta administrativa, un varapalo judicial que les dejó sin herramienta para intentar atajar el problema.

Además recuerdan que en las últimas tres décadas se han lanzado campañas y se han editado dípticos advirtiendo de este juego trampa; también se han realizado charlas informativas con turoperadores y clientes y se ha procurado hostigar mediante presencia e intervención policial a los promotores del falso juego.

Todo sin éxito porque no hay una tipificación como delito; sino que solo aparece sancionado en la Ley del Juego de la Comunidad Valenciana y en la Ordenanza Municipal número 2. Con todo, la moción llega después de los últimos sucesos ocurridos en la ciudad. El más grave, hace unos días cuando un grupo de supuestos «trileros» daba una brutal paliza a un joven británico porque había alertado a otros turistas de que este juego callejero era una estafa y que fue grabado en vídeo por otra persona. La víctima acabó con varias heridas y sangrando y volvió a provocar la indignación de vecinos e, incluso, del sector turístico que reclamó también medidas más contundentes para acabar con esta práctica ilegal en las calles de la capital turística.

El PP provincial pide más medidas de seguridad

Los diputados del PP en la provincia de Alicante han presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados que insta al Gobierno central a endurecer las penas por actividades ilícitas como el «trile» o la venta ilegal de productos en las playas como «medida disuasoria» contra estas conductas. La iniciativa, firmada por César Sánchez, Macarena Montesinos y Agustín Almodóbar, considera «imprescindible instrumentar los medios necesarios con el objetivo de garantizar un turismo seguro», por lo que también reclaman ampliar los refuerzos policiales en los destinos turísticos con alto índice de ocupación. Además reclaman impulsar la apertura de nuevas oficinas del SATE o poner en valor el «Plan Turismo Seguro» en las ferias y promociones turísticas a las que acuda España.