23 de agosto de 2019
23.08.2019

Benidorm pide una reforma de la Ley para penalizar el "trile"

El Ayuntamiento elevará a pleno una moción para instar a Las Cortes Generales a reformar el Código Penal para que este juego sea considerado delito

23.08.2019 | 16:36
Trileros en un calle de Benidorm

Diputados del PP de Alicante exigen también al Gobierno endurecer las penas por el "trile" y la venta ilegal en playas y a ampliar refuerzos policiales

El Ayuntamiento de Benidorm quiere que haya una herramienta con la que poder combatir el "trile" y así poder erradicar esta práctica ilegal. Por ello, votará el próximo lunes en pleno una moción para "instar a Las Cortes Generales" a reformar la Ley para que la práctica de "actividades ilícitas" como 'el trile' "no gocen de la impunidad con la que las trata la legislación actual".

Así recoge el texto de la moción que ha sido consensuada este viernes en una Junta de Portavoces convocada por el alcalde de la ciudad, Antonio Pérez. El objetivo final es que este juego que se realiza con una caja de cartón y con tres patatas y una "bolita" sea tipificado como delito en el Código Penal para así dotar a las Fuerzas de Seguridad de "procedimientos ágiles" y "medidas jurídicas eficaces" que permitan "erradicar" esta "actividad fraudulenta".

Esta petición llega tras los sucesos de las últimas semanas. Entre ellos, el de un vídeo que recogió la brutal paliza que un grupo de supuestos "trileros" dieron a un joven británico que avisó a otros turistas de que esta práctica se trataba de una estafa. La víctima de la agresión sufrió diversas heridas, una de ellas en la cabeza.

Los grupos de trileros suelen ser frecuentes en algunas zonas turísticas, así como en ferias y mercadillos, y su actividad es considerada una estafa callejera. La Policía Nacional detuvo además hace unos días a varios de estos individuos por robar a un grupo de personas y el juez les impuso una orden de alejamiento precisamente de esas zonas donde más afluencia de visitantes hay. Así, esta actividad "daña la imagen de la ciudad de Benidorm y el turismo en general".

Por ello, "se hace imprescindible y urge una tipificación de la actividad para señalarle una figura jurídica de mayor nivel", a través de la cual articular "medidas efectivas" contra 'el trile' que "trasladen a la población, tanto residente como turista, la mayor percepción y sensación de seguridad real durante su estancia en Benidorm".

Tal y como señala la moción, desde principios de los años setenta, el "trile" viene "afectando y dañando la imagen de la ciudad segura que es Benidorm, sin que hasta la fecha se haya encontrado la fórmula eficaz para erradicar la actividad", a pesar de que "todos los gobiernos de la ciudad han intentado orquestar estrategias para eliminar la penosa imagen de los 'trileros' actuando en la vía pública".

Para ello, entre otras acciones, en las últimas tres décadas se han lanzado campañas, se han editado dípticos advirtiendo de este juego trampa, se han realizado charlas informativas con tour-operadores y clientes, y se ha procurado hostigar mediante presencia e intervención policial a los promotores del falso juego.

Sin embargo, "no ha sido suficiente para atajar un problema" sancionado en la Ley del Juego de la Comunidad Valenciana y en la Ordenanza Municipal número 2. Más recientemente, "desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana, la Jefatura de la Policía Local y la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía" se han buscado "nuevas figuras jurídicas para hacer frente al problema". Así, se ha tratado de ligar la reiteración de la práctica de 'el trile' a un delito por desobediencia a agente de la autoridad, si bien las condenas iniciales en primera instancia han sido desestimadas por instancias judiciales superiores ya que, la Audiencia Provincial acabó hace unas semanas revocando una de estas condenas a un supuesto "trilero" al considerar que no era delito sino sólo una falta administrativa, algo que cayó como un jarro de agua fría en la capital turística.

Es por ello por lo que esta moción, según el ayuntamiento, "cobra fuerza, protagonismo y máximo interés en pro de la seguridad y la imagen turística de Benidorm y otros destinos igualmente afectados".

La reunión de la junta de portavoces convocada por el alcalde de Benidorm ha tenido lugar después de la reciente difusión de un vídeo a través de redes sociales sobre un suceso ocurrido hace unos días en esta ciudad en el que un joven británico recibió una paliza a manos de un grupo de trileros por avisar a otros turistas de que les estaban estafando.

Petición al Gobierno de los Diputados del PP

Además del Ayuntamiento, los diputados del PP en la provincia de Alicante han presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso que insta al Gobierno central a endurecer las penas por actividades ilícitas como el 'trile' o la venta ilegal de productos en las playas como "medida disuasoria" contra estas conductas. Además, ha reclamado ampliar los refuerzos policiales.

La iniciativa, firmada por César Sánchez, Macarena Montesinos y Agustín Almodóbar, considera "imprescindible instrumentar los medios necesarios con el objetivo de garantizar un turismo seguro", por lo que también reclaman ampliar los refuerzos policiales en los destinos turísticos con alto índice de ocupación, han señalado los 'populares' en un comunicado.

Esta PNL recoge parte de las peticiones del Ayuntamiento de Benidorm de reformar el Código Penal para "penalizar el 'trile', así como la de reforzar la presencia policial para evitar la proliferación de estas actividades ilícitas en los destinos turísticos, lo que "genera inseguridad a empresarios, visitantes y vecinos", además de "provocar que se traslade una mala imagen de estos exitosos destinos en los países emisores de turistas".

"La seguridad ciudadana constituye un elemento esencial para el éxito turístico de los destinos españoles", han sostenido los diputados, que han destacado la importancia de "trasladar al exterior una imagen de destino seguro para nuestra competitividad", ya que creen que "mantener un nivel de seguridad efectivo es un valor añadido a la oferta turística".

En este contexto, han indicado que en 2018 visitaron la provincia de Alicante casi 20 millones de turistas, que "buscan tranquilidad y escogen nuestros destinos por sus altos índices de seguridad", pero han advertido que también "son habituales los desplazamientos hacia estos destinos para delinquir", por lo que han instado al Gobierno a una batería de medidas para "mantener un nivel de seguridad efectivo como un valor añadido a la oferta turística".

Entre estas medidas, también reclaman impulsar la apertura de nuevas oficinas de Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE) o poner en valor el 'Plan Turismo Seguro' en las ferias y promociones turísticas a las que acuda España, que traslade al turista una "sensación real de seguridad durante su estancia".

"La provincia de Alicante y Benidorm siempre han gozado de una imagen de excelencia turística y destino con un alto índice de seguridad, pero el turista puede ser víctima de una amplia variedad de delitos que, sin duda, pueden afectar no solo a la calidad de su estancia, sino que además repercutirán en futuros viajes a España, tanto de él mismo, sus familiares o amigos", han advertido.

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