La sentencia de la Audiencia Provincial que revoca la condena y absuelve a un supuesto «trilero» del delito de desobediencia a la autoridad ha caído como un jarro de agua fría en Benidorm. El fallo judicial «tumba» la herramienta que desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana y la Policía Local habían planteado para conseguir que aquellos que realizan prácticas ilícitas que no recoge el código penal acabaran en el juzgado condenados por ese delito contra la autoridad. Pero el municipio no piensa quedarse de brazos cruzados y buscará nuevas fórmulas que le permitan «combatir» estas prácticas ilegales en la vía pública y las playas.
Así lo confirmó el concejal del área, Lorenzo Martínez, a este diario tras conocer la sentencia de la Audiencia Provincial dictada tras un recurso de uno de los supuestos trileros que fue condenado en noviembre de 2018 a doce meses y un día de multa diaria por un delito de desobediencia. Ese fallo de la institución judicial alicantina absolvía a este individuo al considerar que lo ocurrido no era tan grave como para ser delito, sino una falta administrativa.
«Respetamos la sentencia judicial como no puede ser de otra forma», afirmó el edil ayer a este diario. Pero ahora el camino será buscar otra fórmula «efectiva para acabar con algunas actividades que se realizan en la vía pública». Cabe recordar que la Concejalía de Seguridad Ciudadana y la Policía Local utilizaba esta medida para poder perseguir a los «trileros», «mojiteros» o a cualquiera que realizada prácticas ilegales de este tipo. Desde hace más de un año, y tras solo poder sancionarlos con multas recogidas en una ordenanza que nunca pagan al ser insolventes, los agentes habían comenzado a denunciar a estas personas por un presunto delito de desobediencia contra la autoridad, es decir, por reincidir en el tiempo en la misma cuestión sancionable a pesar de las advertencias y las multas impuestas por los agentes. Y habían conseguido las primeras condenas por la vía penal de juzgados de Benidorm en las que se les imponían multas de hasta 700 euros y un delito sobre sus espaldas. Sin embargo, uno de ellos recurrió en la Audiencia, donde ha conseguido revocar la condena.
«Caso concreto»
El concejal de Seguridad Ciudadana apuntó ayer que «esperamos que la sentencia de la Audiencia solo sea para un caso concreto y que en los próximos procedimientos tengamos resultados diferentes». Y es que el fallo de este tribunal provincial, según fuentes jurídicas, podría sentar jurisprudencia para otros casos similares con lo que la ciudad dejaría de contar con esa herramienta de acusar a aquellos que realizan prácticas ilícitas de un delito de desobediencia por ser reincidentes. Con todo, Martínez indicó que seguirán manteniendo la vigilancia y control sobre estas prácticas y otras como la venta de bebidas sin autorización en las playas y que actuarán con los mismos protocolos que hasta ahora. «Entendemos que la desobediencia a la autoridad es constitutiva de delito», añadió. «Pero en cada caso concreto son los jueces los que determinan el grado de delito, si es leve o grave», concluyó.
Así, Benidorm lleva años reclamando que actividades ilegales como el trile sean tipificadas en el código penal ya sea como estafa o cualquier otro supuesto, y así contar con una herramienta para combatir estas prácticas que afectan cada año a miles de turistas en la ciudad. Con todo, el fallo de la sentencia ha provocado la «indignación», según algunas fuentes, de la Policía Local y aquellos que llevan años luchando para acabar con este tipo de prácticas, la venta de los «mojiteros» o los masajes ilegales sobre la arena.
