Los empresarios del sector turístico se han cansado de decir que el actual programa de vacaciones para mayores les obliga a trabajar en pérdidas; que no sale rentable; o que, mientras que la industria turística y los propios jubilados han cambiado como la noche y el día en los últimos 30 años, el Imserso sigue estancado en la misma fórmula con la se fundó en 1986, cuando muchos mayores ni siquiera habían salido del pueblo o era la primera vez que viajaban para ver el mar. Hasta ahora, todas estas quejas habían caído en saco roto, hasta el punto de desatar una crisis que ha llevado a los hoteleros a proponer un plante y recurrir los pliegos de esta nueva adjudicación para exigir una subida de las tarifas que, al menos, les garantice que no perderán más dinero. Hasta ahora.
La ministra de Turismo, Reyes Maroto, ha decidido coger las riendas de esta enésima crisis entre hoteleros e Imserso y actuar como mediadora para intentar acercar posturas entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, dependiente del Ministerio de Sanidad, y la patronal hotelera. Un acercamiento que, además, permita apaciguar las aguas de un programa que genera cada invierno 900.000 estancias vacacionales, de las cuales cerca de 180.000 tienen como destino la Costa Blanca, principalmente Benidorm.
Para ello, Maroto se ha comprometido en una reunión entre miembros de su gabinete y distintos representantes de la industria turística, entre ellos Juan Molas, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) o Nuria Montes, secretaria general de Hosbec, a convocar a partir del próximo mes de septiembre una mesa de trabajo destinada a estudiar a fondo y rediseñar el programa de vacaciones de cara a la siguiente adjudicación del contrato, que podría producirse en 2021. Así lo confirmaron ayer fuentes de la patronal turística de la Costa Blanca, para los que la mediación de Maroto puede ser un primer paso de cara a lograr, de una vez, ser escuchados en Madrid.
Los empresarios recordaron a la ministra que los establecimientos hoteleros son «el principal componente de este programa» y que por este motivo, le debe corresponder a la propia Maroto, dentro de sus competencias, la defensa de los intereses de las empresas turísticas en el Consejo de Ministros, y ante otros organismos como es el Imserso.
Igualmente, tanto Molas como Nuria Montes reprocharon que todo el trabajo que se ha realizado durante los últimos años por la Cehat y Hosbec, entre otras entidades que han trabajado conjuntamente con el Gobierno central para lograr mejoras en este programa de vacaciones sociales, «ha sido ninguneado por los responsables que entraron en el Imserso tras el cambio de Gobierno el pasado verano y que se encargaron de la redacción de los nuevos pliegos». Y ahondaron aún más en este reproche: «Ninguna actualización, modernización, flexibilidad o innovación de las planteadas desde el sector se ha tenido en cuenta, llegando incluso a eliminar buenas prácticas como era la diferenciación de temporadas alta y baja, que favorecía con precios más económicos a los pensionistas con menores recursos», añadieron ayer en un comunicado.
Alertan de posibles retrasos
Respecto al actual proceso de adjudicación que están en marcha, el presidente de la Cehat insistió en el descontento del sector en toda la tramitación administrativa: «Es el pliego que más tarde se ha publicado y el que más tarde se va a adjudicar, con un importante riesgo de nuevo de retraso si entran en juego los recursos de los que no resulten adjudicatarios».
No en vano, desde el sector alertan de que, si algún licitador recurriera, «podríamos encontrarnos que el programa no entre en vigor hasta enero de 2020, lo que sería catastrófico en lo económico, en lo social y en la imagen de solvencia administrativa».
Como ha venido publicando durante meses este diario, los empresarios turísticos no han parado de reclamar al Gobierno central premura en la redacción, publicación de pliegos y adjudicación del programa del Imserso, con el recuerdo puesto en lo que ocurrió en el año 2015, cuando se adjudicó el contrato que ahora se tiene que renovar. Entonces, dos recursos de Mundiplan y Mundosenior, las empresas que se acabaron repartiendo los viajes, provocó demoras de mes y medio en la llegada de jubilados a los hoteles de la provincia, lo que abocó al cierre a muchos establecimientos que trabajan mayoritariamente con este mercado en temporada baja y a la aprobación de expedientes temporales de regulación de empleo para la mayoría de las plantillas de estos establecimientos.
En el actual procedimiento son tres las empresas que pujan por quedarse con los lotes de estos viajes: Mundiplan (UTE formada por Iberia, Alsa e IAG7), Mundosenior (Halcón Viajes -Globalia- y Avoris -Barceló-) y Traveltino 2009 (Logitravel). La adjudicación, paralizada cautelarmente por el TACRC el pasado mayo a raíz del recurso presentado por los hoteleros, sigue ahora su curso y podría producirse la próxima semana.
En cualquier caso, los hoteleros mantienen su intención de recurrir los pliegos ante la Audiencia Nacional tras no ser escuchados por el TACRC, puesto que dicen estar seguros de sus planteamientos económicos y que el actual diseño del programa les obliga a trabajar a pérdidas, un recurso que no traería aparejada la suspensión de la adjudicación. Entre sus principales reivindicaciones está el incremento de las tarifas que perciben los hoteles por alojar turistas del Imserso de los 22,10 euros diarios actuales a 25 euros por cliente y día.
