31 de mayo de 2019
31.05.2019
Benidorm

Toni Pérez: «La denuncia está basada en falsedades para dañarme políticamente»

El alcalde de Benidorm declara como imputado por un presunto delito de acoso laboral al criminólogo municipal, tras la apertura de un expediente disciplinario

30.05.2019 | 22:17
Toni Pérez, ayer, entrando al juzgado para declarar.

El alcalde en funciones de Benidorm, el popular Toni Pérez, ha declarado este mediodía ante la juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm en calidad de investigado por un presunto delito de acoso laboral a un funcionario del Ayuntamiento. Los hechos derivan de una denuncia interpuesta por el criminólogo municipal, quien reveló en su día supuestas actividades ilegales cometidas por otros funcionarios que afectaban a los penados que hacían trabajos en beneficio de la comunidad.

A raíz de aquellas denuncias, al criminólogo se le abrieron varios expedientes disciplinarios, uno de los cuales le suspendía de empleo y sueldo por un periodo de tres años, aunque finalmente los tribunales redujeron la sanción a 15 días, mientras que el resto de expedientes fueron archivados. El criminólogo decidió entonces iniciar acciones legales contra el alcalde, la concejal de Bienestar Social y otros funcionarios por un supuesto caso de acoso laboral, y la Fiscalía abrió diligencias previas por ello, como confirmó el propio alcalde el pasado mes de abril. Junto a Pérez, también están imputados la edil Ángela Llorca y otros seis funcionarios municipales, entre ellos el secretario, el instructor del expediente, el jefe de Recursos Humanos o la coordinadora del departamento de Bienestar Social.

El primer edil ha permanecido declarando ante la magistrada algo menos de una hora, durante la cual habría respondido a todas las preguntas que se le habrían formulado, entre ellas, las del abogado de la acusación particular y las de su defensa. Aunque a su salida del Palacio de Justicia el regidor no ha querido hacer manifestaciones sobre el sentido de la declaración, Pérez ha afirmado que se encontraba «muy tranquilo» de poder ofrecer sus explicaciones y que había acudido al juzgado «en colaboración máxima con la Justicia».

Igualmente, Toni Pérez también ha afirmado tener la «convicción» de que la denuncia contra él y el resto de investigados «está basada en falsedades que solo persiguen dañarme en lo personal y en lo político, como se ha visto», tras lo cual ha afirmado no tener ningún tipo de relación con el denunciante, al margen de la estrictamente planteada por la situación laboral de ambos: uno, como alcalde y jefe de Personal del Consistorio; otro, como funcionario municipal del mismo.

Otros testimonios


Además de la declaración de Pérez, también hoy han dado testimonio ante la juez la concejal de Bienestar Social y la funcionaria que ejerce como coordinadora de este departamento. En ambos casos, estaban citadas a la misma hora que el primer edil y, como ha hecho éste, también habrían respondido a todas las cuestiones planteadas por las partes.

Además de las personas que declararon, también ha testificado ya el propio denunciante, mientras que en próximos días lo harán un asesor jurídico municipal, el instructor del expediente disciplinario contra el criminólogo, el jefe de personal del Ayuntamiento y otros funcionarios.

Aunque no ha trascendido en su totalidad la base de la denuncia formulada por el criminólogo municipal contra los anteriormente citados, distintas fuentes coinciden en señalar que el expediente disciplinario abierto en el año 2017 contra él por «insubordinación», por el que se le suspendió de empleo y sueldo por un periodo de tres años, sería la base principal del supuesto acoso laboral al que dice haber sido sometido. El Ayuntamiento justificaba el expediente, entre otras cosas, afirmando que el funcionario no habría comparecido hasta en tres ocasiones para aportar información sobre su denuncia del cobro de sobornos y otras irregularidades de empleados municipales en el programa de penados.

El criminólogo interpuso un contencioso que redujo esta suspensión de tres años a 15 días y afirmó que la sanción era «desproporcionada», aunque sí confirmó que el funcionario habría incurrido en «desobediencia» por no haber acudido para declarar.

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