Duro varapalo al Imserso. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), un órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, ha decretado la suspensión cautelar de la licitación del Programa de Vacaciones Sociales para Mayores, después de que la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), de la que forma parte Hosbec, recurriera el pasado 8 de mayo los pliegos de condiciones de este programa al considerar que los mismos atentaban directamente contra los intereses del sector hotelero. Con esta decisión los empresarios turísticos han ganado la primera batalla contra un procedimiento de contratación que, como llevan meses alertando, les obligaría a «trabajar a pérdidas» y «sumiría en la ruina» al sector para los próximos cuatro años. Aunque el propio Imserso ha confirmado que el programa «no corre peligro», la suspensión cautelar acordada por el TACRC deja por ahora en el aire alrededor de un millón de paquetes vacacionales para jubilados, 180.000 de ellos en la provincia de Alicante, con Benidorm como principal destino.
Los hoteleros de la Costa Blanca han mostrado su «satisfacción» ante esta suspensión cautelar, al entender que la misma, aunque no entra a valorar el fondo del recurso, sí considera que «tiene una base jurídica sólida y suficiente como para estudiarlo a fondo». De ahí que el presidente de Hosbec, Antonio Mayor, se anticipase ayer en pedir la dimisión inmediata del director general del Imserso, Manuel Martínez Domene: «No entendemos qué interés tienen en hacer aún más daño a los hoteleros, cuando somos una parte fundamental de este programa».
Otro mes para resolver
¿Cuál es la principal consecuencia de esta paralización? Por lo pronto, el Imserso deberá suspender el procedimiento de contratación que ya había iniciado y para el que ya se habían abierto, incluso, los sobres con las ofertas económicas de las tres marcas que pujarían por hacerse con los tres lotes del programa: islas, costa e interior, a los que, según fuentes del sector habrían concurrido Mundosenior (Globalia y Barceló); Mundiplan (Iberia, Alsa, Gowaii e IAG7); y Traveltino, la marca de Logitravel, que pujaría por hacerse con los viajes a destinos de costa peninsular. Es decir, el lote que afecta directamente a Benidorm y la Costa Blanca.
No podrá continuar con el procedimiento hasta que el TACRC resuelva la impugnación, algo que, según la previsión del Imserso, podría prolongarse un mes más. Ante esta suspensión, la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, insistió ayer en lo que los hoteleros vienen reclamando desde que anunciaron su recurso contra los pliegos: establecer una prórroga extraordinaria del actual contrato y darse un año más para negociar unas condiciones favorables para todas las partes implicadas. «Es lo mínimo que pueden hacer cuando no han atendido ninguna de nuestras sugerencias».
Por su parte, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, de quien depende la Dirección General del Imserso, confió ayer en que el pronunciamiento definitivo de este Tribunal les sea favorable y defendió que los pliegos del programa contaron con el informe favorable de los servicios Jurídicos del Ministerio, así como de la Intervención Delegada de la Seguridad Social en el Imserso.
Las causas del recurso
Como ya avanzó en su día este diario, la impugnación del sector turístico a los pliegos de condiciones para adjudicar la organización de los viajes del Imserso durante los próximos cuatro años responden a la existencia, a su juicio, de deficiencias de tipo económico, técnico y justificativo dentro de este documento. Por ejemplo, los empresarios aducen que los pliegos no tienen en cuenta los convenios colectivos en el sector de la hostelería ni las tablas salariales que en ellos se recogen, algo que justifican con un estudio según el cual establecerían un salario lineal para toda la plantilla de un hotel medio de 4 estrellas de 996 euros brutos, cuando el sueldo más bajo recogido en las tablas salariales del convenio de hostelería de Alicante se sitúa en 1.062 euros brutos al mes, o el más caro, el de un director de un establecimiento de cuatro estrellas, en 1.447 euros brutos mensuales.
Otra de las causas de la impugnación es que, a juicio del sector, no hay estudios que cuantifiquen los costes directos e indirectos de cada uno de los servicios que se exige a los hoteles: animación, ATS, médico...; o que se incluyen requisitos «imposibles o excesivamente gravosos, que rompen el principio de igualdad». Por ejemplo, se excluye los hoteles de 2 estrellas, se impone un modelo exclusivo de contrato que obliga a mantener el cupo sine die o permite la rescisión unilateral del contrato por quejas, sin indemnización para el hotel o sin posibilidad de que se defienda. Por último, los empresarios también consideran que se valora de forma excesiva la oferta de 4 estrellas, lo que obliga a los de 3 a competir en inferioridad de condiciones frente a hoteles incluso de 5 estrellas, cuando son estos los que han mantenido el plan en estos 30 años.
Igualmente, tampoco se atiende otras de las reivindicaciones históricas de los hoteleros: el incremento de los precios a 25 euros por persona y día de estancia en régimen de pensión completa, frente a los 22 que vienen cobrando ahora. Lejos de mejorar el precio, el nuevo pliego ahora paralizado cautelarmente plantea una reducción de precios de hasta el 12%.
