26 de marzo de 2019
26.03.2019
Tras siete intentos

La regulación de «segways» y patinetes eléctricos recibe el «sí» en Benidorm tras siete intentos

El pleno aprueba por unanimidad la norma de uso de estos vehículos que pasará ahora por exposición pública - El gobierno saca adelante su propuesta para aumentar el precio del contrato de la basura

25.03.2019 | 23:51
La regulación de «segways» y patinetes eléctricos recibe el «sí» en Benidorm tras siete intentos

A la séptima va la vencida. Benidorm tendrá por fin una herramienta para regular la circulación de patinetes eléctricos, «segways» y cualquier vehículo de movilidad personal (VMP) y garantizar así la seguridad de los peatones que convivan con ellos. Finalmente, todos los grupos políticos votaron ayer a favor de modificar la ordenanza de Movilidad para regular el uso de estos vehículos después de que la primera propuesta se pusiera sobre la mesa hace casi dos años.

Finalmente esta modificación recibió ayer el visto bueno y ahora tendrá que pasar por un periodo de exposición pública para recoger alegaciones. Así, una vez terminado el proceso, entrará en vigor aunque habrá que incluir en una ordenanza fiscal el pago de las sanciones.

Así que en unos meses, Benidorm podría sumarse a las ciudades de gran tamaño que ya han puesto coto a estos vehículos eléctricos como Alicante. Si bien, la capital turística fue una de las primeras en crear una ordenanza específica ante la proliferación de patinetes eléctricos o «segways» en la ciudad aunque el debate político la ha retrasado hasta ahora.

Como ya publicó este diario, hasta en siete plenos ha sido tumbada por la oposición que siempre han mostrado su rechazo a que esta modificación no solo incluyera esta regulación para los VMP, sino que llevaba aparejada también un cambio en la zona azul y la creación de la zona verde. Al final, y tras seis meses de intentos, el gobierno local decidió reiniciar todo el proceso y ayer llevó en solitario por primera vez la modificación de la ordenanza, lo que recibió el voto unánime de todos los concejales asistentes.

Así, una vez que entre en vigor, las multas por incumplimientos llegarán a los 500 euros en los casos más graves; será obligatorio el uso de casco y tener un seguro de responsabilidad civil; llevar reflectantes o timbre; tener como mínimo 16 años para conducir uno de estos vehículos; o, en caso de ser un reclamo turístico para grupos, no podrán ser más de 10 personas los que lo formen, entre otras limitaciones. En cuanto a los lugares por donde circular, no se podrá ir por aceras ni por carriles bici que también estén en ellas; tampoco por las ciclovías. En las calles de plataforma única en las que esté autorizado el paso de vehículos podrán circular a una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora, como también podrán hacerlo por la calzada respetando esa misma velocidad; mientras que por los parques sólo podrán transitar los patines más pequeños. Todo ello teniendo en cuenta que la preferencia siempre es de los peatones.

Un contrato de basura caducado

El pleno de ayer gastó más de tres horas (con un receso de otra hora incluido) en intentar solucionar el problema que actualmente existe con la concesión de la recogida de basura y la limpieza viaria. Con un contrato caducado desde el 31 de diciembre y sin aún pliegos de condiciones que permitan sacar a licitación uno nuevo, las diferentes reclamaciones de la empresa FCC y las protestas de los trabajadores hicieron que los grupos políticos plantearan distintas cuestiones que acabaron con la aprobación de la moción de urgencia del gobierno enmendada por el PSOE tras las indicaciones del interventor municipal. Todo ello envuelto en un «agrio» debate que enfrentó en a los grupos entre sí.

Así, como ya publicó este diario, en enero la oposición tumbaba la pretensión de PP y CBM de subir el precio del contrato de la basura en 1,2 millones. Lo que en aquel momento no pudo ser por las dudas surgidas y por considerar que existe un proceso judicial en marcha que ya dio la razón al Ayuntamiento y que la empresa recurrió en el TSJ por lo que cabía esperar, ayer sí se llevó a cabo con la mayoría de los votos pero con muchos matices. Así, esta subida, que no afectará al recibo que pagan los vecinos, viene dada al suspender el acuerdo plenario de septiembre de 2017 en el que se aprobó la revisión de precios del periodo 2012-2017 y se estableció como canon anual 9,7 millones de euros que ahora pasará a ser de 10,2 millones. Pero, además se desestimó el recurso de reposición presentado por la concesionaria a ese acuerdo plenario.

Por tanto queda en suspenso en lo relativo al cálculo de los precios del contrato para los años 2018 y 2019. Pero además se aprobó la obligación de tener listos los pliegos del nuevo antes de que finalice mayo, es decir, con unas elecciones municipales a la vuelta de la esquina. Pero lo más importante y lo que esperaban los trabajadores que acudieron ayer a la sesión plenaria, es el compromiso de que mientras opere la suspensión o no se adjudique el nuevo contrato, el Ayuntamiento acepta el convenio laboral de 2013. Y es que la intención de la mercantil era aplicar el anterior y aumentar las horas semanales de 36 a 38,5.

Con todo, el Ayuntamiento también aprobó requerir a FCC que, previo al cobro de las diferencias económicas derivadas de suspender el acuerdo plenario de 2017, presente un aval bancario para que en caso de que los tribunales den la razón al Ayuntamiento en lo relativo a la relación de precios 2009-2011 la administración pueda recuperar las posibles cantidades abonadas a la mercantil. Por último, la corporación ha acordado remitir al Consell Jurídic Consultiu (CJC) para su dictamen el expediente completo de este asunto.

Exigen retomar la mejora de la CV-70 hasta Alcoy

El pleno reclama al Consell que vuelva a poner sobre la mesa el proyecto de 2009 para esta vía que discurre por el interior
La movilidad en varios aspectos fue una de las principales protagonistas en el pleno de ayer celebrado en Benidorm. La sesión sirvió para, con el apoyo de la mayoría, recuperar un proyecto de hace una década. Así, la ciudad acordó exigir a la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad de la Generalitat que retome el proyecto de 2009 de mejora de la CV-70 que une Alcoy y comarca con Benidorm por Confrides y se contemple como prioritario en el documento UNEIX, en el que se definen las principales líneas estratégicas para el periodo 2019-2030. Según la propuesta, este proyecto debe contemplar dos carriles amplios –uno en cada dirección-, la eliminación de curvas y un túnel que evite un puerto de montaña cerca de Confrides, acortando el tiempo de recorrido y aumentando la seguridad.

Además, y a través de una enmienda del propio gobierno local, se incorporó solicitar a la misma Dirección General la supresión de los pasos a nivel del TRAM y la tranviarización de esta infraestructura a su paso por Benidorm siguiendo el modelo que ya opera en toda la Línea 1 y en gran parte de la Línea 9 para evitar los atascos que se producen en la avenida de Beniardá tras la puesta en marcha del nuevo apeadero. Como ya publicó este diario, esa nueva estación ha hecho que la avenida Beniardà afronte problemas de atascos y colas por el cierre de la vía cuando circula un tren, circunstancia que cada vez ocurre con mayor frecuencia.

Con todo, la mayoría de los concejales ratificaron ayer el decreto de aprobación definitiva de la modificación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible que mejora los accesos peatonales y rodados a la zona del futuro centro comercial y del polígono industrial. Y por amplia mayoría, el pleno respaldó la aprobación provisionalmente de la segunda modificación del Plan Parcial 3/1 Industrial para su remisión a Conselleria.

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