No cabe recurso y se agota la vía penal. La Audiencia de Alicante ha archivado la causa abierta por la que estaban investigados el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, y 12 concejales del PP en el gobierno local por presunta prevaricación. Este proceso se abrió tras una denuncia en 2013 presentada por la portavoz del PSPV, Josefa Rosa Ivorra, así como Ángel Martín, actualmente de Ciudadanos (Cs) pero en aquel momento en del partido CDL.
Los ediles presentaron esta denuncia debido a que el gobierno local alzaba reiteradamente los sucesivos reparos que imponía la Intervención al pago de las nominas de los 23 trabajadores cuyas plazas fueron anuladas por la justicia. Así, la oposición consideraba que se habían cometido supuestas irregularidades en el pago de nóminas a estos trabajadores de la Oferta Pública de Empleo de 2008.
El auto de la Audiencia Provincial de Alicante, fechado el 4 de marzo, desestima el recurso de apelación interpuesto por los denunciantes y ratifica así el fallo del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de La Vila Joiosa en el que el juez instructor considera que no se discute que los trabajos que desempeñan dichos interinos «fueran efectivamente prestados a favor del Consistorio» y que, por lo tanto, éstos debían cobrar sus honorarios ya que, de lo contrario, «se produciría un enriquecimiento injusto» y para ello deben alzarse los reparos.
Contra este archivo ya no cabe recurso. Por tanto, se cierra así la vía penal de este asunto en el que también estaba siendo investigado el secretario municipal, según explicaron ayer miembros del gobierno local de La Nucía.
Una vez conocido el fallo, el alcalde realizó ayer una comparecencia pública rodeado por parte de su equipo de gobierno en la que acusó a la oposición de iniciar una «campaña de acoso» contra él y sus concejales con el objetivo de «hacer daño personal» eligiendo la vía penal para denunciar una causa administrativa.
«Llevamos seis años aguantando críticas y que nos señalen con el dedo y nos acusen de prevaricación administrativa y desobediencia intentando que hubiera condena por algo que hicimos correctamente, con el único objetivo de que no fuéramos en las listas electorales e inhabilitarnos, lo cual nos hubiera afectado incluso en nuestra profesión privada», alegó Cano.
Con todo añadió que «Ferrer e Ivorra han levantado sospechas y sombras con falsos testimonios y juicios paralelos en los medios de comunicación y redes sociales». Así alegó que «al final el tiempo pone a cada uno en su lugar y aunque muy tarde, 6 años después, la Justicia ha confirmado lo que siempre dijimos que no había supuesta prevaricación».
Cano añadió que «lo que hubiera sido un delito es no pagar a estas 23 personas que cumplían con su trabajo diariamente, como pretendían Pepa Rosa Ivorra y Ángel Martín Ferrer». Desde el PSPV indicaron ayer en un comunicado que «respetamos y acatamos las decisiones judiciales» y que «es nuestra obligación» denunciar «cuantas irregularidades observemos en la gestión municipal», añadieron.
Nueva oferta de empleo
El alcalde anunció que ahora se iniciará la tramitación de una nueva oferta de empleo publico para regularizar la situación de estos trabajadores que «siguen estando interinos» y dar así cumplimiento a la sentencia del TSJCV que anulaba la convocatoria de esta OEP de 2008. Con todo, ayer se celebró una sesión plenaria extraordinaria para dar cuenta de esta sentencia, junto a otros asuntos, a la que sólo acudió el equipo de gobierno y el concejal no adscrito.
