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Orxeta

Un tribunal popular juzgará al exalcalde por dos pelotazos urbanísticos

El socialista Vicente Sellés se sentará en el banquillo junto a su exconcejal de Urbanismo, José Olcina, y al hermano de éste por tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios

El exalcalde de Orxeta Vicente Llinares el día que fue juzgado por la planta hormigonera. rafa arjones

Un jurado popular juzgará al exalcalde de Orxeta, el socialista Vicente Llinares, y al exconcejal de Urbanismo, Vicente Olcina, por recalificaciones de terrenos en las que ambos tenían intereses. En el banquillo se sienta también el presunto beneficiario de uno de los supuestos pelotazos, hermano del concejal y cuñado del alcalde. La finca rústica fue adquirida en mayo de 2003 por un precio de 564.950 euros y multiplicó su valor al ser revendida menos de un año después por 2.614.453. eros.

Las acusaciones sostienen que la operación se realizó a sabiendas de que el suelo iba a ser recalificado como urbanizable por los cargos políticos que tenían sus familiares, causando un importante quebranto patrimonial a la vendedora. Se les acusa de delitos de operaciones prohibidas a los funcionarios y de tráfico de influencias. La Audiencia Provincial ha señalado el juicio entre los días 9 y 11 de abril.

Un juzgado de lo Penal de Alicante ya condenó a Vicente Llinares por no actuar contra una planta hormigonera que funcionó de manera ilegal diez años en Orxeta. Por su parte, Olcina tuvo que ingresar en prisión en 2013 por una estafa ajena a su gestión como concejal.

El fallo le imponía tres meses de prisión y tres años de inhabilitación en una sentencia dictada en febrero de 2017. Llinares vuelve ahora al banquillo tras la denuncia presentada por las personas que vendieron la finca rústica al empresario que se benefició de la operación. Los denunciantes están representados en el proceso a través del abogado José Luis Romero. La causa ha sufrido varios archivos por parte del juzgado, que posteriormente la Audiencia Provincial reabría. Ahora va a ser enjuiciada por un jurado popular, presidido por el magistrado José María Merlos.

El jurado popular va a tener que pronunciarse si considera probado que el acusado Vicente Olcina compró la finca rústica «a sabiendas de que el suelo iba a ser recalificado en breve plazo, multiplicando su valor, conocimiento que tenía por ser su hermano José Olcina el cargo de concejal de Urbanismo de Orxeta y siendo éste a su vez cuñado del alcalde, Vicente Llinares». El suelo se vendió en enero de 2004 a la mercantil Balcón de Florida por 2.614.453 euros. «A partir de ese momento y existiendo en esa segunda transmisión una serie de condiciones suspensivas que beneficiaban a los vendedores sólo en caso de que efectivamente los terrenos fueran recalificados, se iniciaron por el Ayuntamiento con el impulso de los votos del alcalde y el concejal de Urbanismo una serie de actuaciones que tendían a dicho fin», relata el auto de hechos justiciables sobre el que se tendrá que pronunciar el jurado popular.

Suelo de su madre

Asimismo, en febrero de 2004, la madre del entonces alcalde suscribió un contrato de opción de compra con la mercantil Construcciones Valencia Constitución sobre una finca rústica de más de 100.000 metros cuadrados y un valor de 1.697.859 euros y en la que el exprimer edil figuraba como propietario catastral. El suelo formaba parte de los terrenos que la mercantil había incluido en el Programa de Actuación Integrada (PAI) Sur-5 para recalificar suelo en Orxeta. Esta mercantil recibió un crédito de 300.000 euros de la mercantil del hermano del concejal y que estaba detrás de la primera de las operaciones.

Con estos contratos ya firmados, el Ayuntamiento de Orxeta inició una serie de actuaciones tendentes a aprobar un nuevo Plan General que abarcase los terrenos afectados en ambas operaciones.

De esta manera, el 19 de abril de 2004 el alcalde firmó el decreto por el que se sometía a información pública el PAI en el que se encontraban los terrenos de su madre. También el concejal de Urbanismo y el alcalde firmaron los convenios para la reclasificación del suelo adquirido por una mercantil a su hermano. El auto incide en que el edil habría firmado el convenio y votado en el pleno en favor de la propuesta a sabiendas de que se trataba del suelo de su hermano. La revision del PGOU de Orxeta se aprobó el 4 de abril de 2007.

Las penas

La acusación particular reclama al excalcalde una multa de 18 meses y dos años de inhabilitación, por un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios y 16 meses de prisión por otro delito de tráfico de influencias. Por su parte, al edil de Urbanismo, José Olcina, se le reclaman 20 meses de multa y 20 meses de prisión por ambos delitos. Al empresario Vicente Olcina se le reclaman 16 meses de prisión.

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