Un recurso que podría cambiarlo todo... o no. La Generalitat Valenciana ha presentado ante el Tribunal Supremo un incidente de nulidad de actuaciones, trasladado también al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, para agotar una de las últimas vías que le permitiría ahorrarse los cerca de cien millones de euros a los que podría elevarse el derribo de las dos torres levantadas sobre la Punta Llisera de Benidorm. Se trata de un intento a la desesperada del Consell para intentar sacarse de encima la responsabilidad de tener que echar abajo los dos rascacielos, comercializados bajo el nombre de Gemelos 28. Y, con ellos, de tener que costear tanto la demolición en sí como las indemnizaciones a todos los propietarios, tal y como sentenció el Supremo en el año 2012, cuando anuló la licencia de obras concedida por la Generalitat por invadir espacio protegido por la Ley de Costas y dejó fuera de ordenación la totalidad del complejo.
Este recurso fue presentado por la Abogacía de la Generalitat el pasado 26 de diciembre y ya habría sido admitido a trámite. En él se recogen tanto cuestiones meramente formales como su contrariedad al hecho de que no fuera admitido a trámite el recurso inmediatamente anterior a éste. O, mejor dicho, los recursos: uno de la propia Generalitat Valenciana y otro de la promotora del inmueble, la mercantil Terras de l'Horta, del constructor valenciano Andrés Ballester, y otros propietarios.
Fuentes de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio han trasladado que la presentación de este incidente de nulidad de actuaciones paralizaría temporalmente la ejecución de la sentencia, que obligaba al Consell a presentar en un plazo de tres meses el proyecto de demolición de las torres y a consignar las partidas económicas necesarias para hacer frente a todos los gastos. Tres meses a contar desde el pasado noviembre, cuando el Supremo dictó la última providencia donde daba por inadmitidos los recursos de promotora y Generalitat contra la sentencia.
El complejo Gemelos 28 está compuesto de dos torres idénticas, de 22 pisos de altura y un total de 168 viviendas, la mayoría de ellas vendidas y habitadas desde el año 2011, cuando el Ayuntamiento les concedió las cédulas de habitabilidad. Se levantan a escasos metros del mar, invadiendo parte de la zona amparada por la Ley de Costas. Aunque su historia parece del todo reciente, la misma se remonta hasta finales de los años 80 cuando el primer propietario del terreno, Achille Cafarelli, obtuvo en 1988 la primera licencia urbanística para construir en este suelo, de manos del alcalde socialista Manuel Catalán Chana.
La misma se condicionó a la aprobación de un estudio de detalle que fue validado inicialmente por el pleno en julio de ese mismo año, a escasos 14 días de que entrara en vigor la Ley de Costas que incluía parte de la parcela en la zona de servidumbre marítimo-terrestre, pero cuya aprobación definitiva no se produciría hasta 1996. Y, no contentos con eso, el cambio en la propiedad del complejo trajo aparejados también cambios en el proyecto, que llevaron a Edificaciones Calpe a demoler por completo el primigenio inmueble para levantar los dos rascacielos actuales, autorizados por el Consell en 2005 y cuyas obras finalizaron cinco años después.
Periplo judicial
Pese a que las torres se encuentran fuera de ordenación desde el año 2012, cuando después de un larguísimo periplo judicial el Supremo modificó el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana y anuló las licencias otorgadas en 2005, la constructora, algunos propietarios y la Generalitat han intentado por todos los medios agotar cualquier resquicio legal para eludir este final.
En noviembre de 2017, y después de que un particular exigiera durante años la ejecución de la sentencia, el TSJ ordenó a la Generalitat, como responsable de la concesión de dicha licencia, la demolición de ambas torres y la indemnización a los propietarios de las 168 viviendas de lujo, que salieron al mercado antes de la crisis con precios de partida que oscilaban entre los 460.000 y los 720.000 euros. A todos ellos habría que abonarles el precio que pagaron por los apartamentos más un 20%, lo que unido al coste de la demolición en sí podría disparar el montante de la operación por encima de los cien millones de euros.
Los siguientes pasos
Mientras espera a que el Supremo decida si atiende o no este último requerimiento, el último cartucho que salvaría las torres, la Conselleria de Territorio sigue dando pasos por si los tribunales siguieran sin serles favorables. Por el momento, según explicaron fuentes del departamento que dirige la consellera María José Salvador, se ha solicitado al Registro de la Propiedad información sobre el coste de adquisición de las viviendas y otras propiedades del complejo para poder calcular los costes de la indemnización, a la vez que los técnicos continúan con la redacción del proyecto de demolición y otros estudios necesarios para llevarla a cabo en el caso de que no hubiera otra opción.
El TS reactiva la demolición del Atrium Beach y la propiedad recurre
La sala tercera del Tribunal Supremo ha inadmitido dos recursos de casación contra la sentencia del TSJ, fechada el 27 de diciembre de 2017, que anulaba las licencias que permitieron la construcción del hotel Atrium Beach en la Cala de La Vila Joiosa y ordenaban la demolición del exceso de edificabilidad para restaurar la legalidad urbanística. Ambos recursos fueron presentados por el Ayuntamiento vilero y por la promotora del complejo, Hotel Luna SA. En una providencia, el Supremo inadmite los recursos por «falta de fundamentación suficiente y singularizada del caso». A pesar de ello, la propiedad avanzó ayer que interpondrá un recurso de amparo contra la decisión del TS y recordó que otras resoluciones y sentencias judiciales «han rechazado la caducidad de la licencia reclamada en los tribunales» por el exconcejal independiente Pedro Lloret, a quien Hotel Luna acusa de «acoso sistemático contra el proyecto desde 2004».
