La oposición tumba el plan del Gobierno de subir el contrato de la basura

La moción era uno de los puntos del día del pleno ordinario celebrado ayer y llegó de manos del concejal de Limpieza Viaria, Arturo Cabrillo. En ella, como ya publicó este diario, se incluían varios puntos entre los que estaba suspender el acuerdo plenario de septiembre de 2017 en el que se aprobó la revisión de precios del periodo 2012-2017 y se estableció como canon anual 9,7 millones de euros después de aplicar una bajada al mismo, además de desestimar el recurso de reposición presentado por la concesionaria de la recogida de residuos y limpieza viaria, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) a ese acuerdo plenario.

Así, la intención del Gobierno local era suspender lo acordado en 2017 «a los únicos efectos de calcular el precio de contrata a abonar a la empresa adjudicataria en los ejercicios 2018 y 2019». Todo ello teniendo en cuenta que hay un recurso planteado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) contra una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Alicante que dio la razón al Ayuntamiento ante la petición de revisión de precios de la mercantil y es con la que estableció ese canon anual para pagar el servicio. Todo ello con un contrato ya caducado en este momento y que está prorrogado sin que haya unos nuevos pliegos aún sobre la mesa.

Precisamente en la cuestión judicial es en la que coincidieron los cuatro grupos de la oposición: si aún no hay una resolución firme,¿por qué adelantarse a los acontecimientos y aumentar el precio del contrato?; más aún si el primer juzgado ya dio la razón al Ayuntamiento de Benidorm».

Con el matiz «provisional»

Cierto es que la propuesta del Gobierno incluía el matiz de que era una propuesta «provisional», precisamente, hasta que se pronuncie el TSJ, por lo que la oposición entendía aún menos las prisas del equipo de gobierno para aprobar una subida del canon para 2018 y 2019 de 1,2 millones de euros. Es decir, de los 9,7 millones actuales a 10,2. Así, fuentes municipales explicaron que la decisión de llevar esta propuesta se tomó después de que la concesionaria de este servicio exigiera al Ayuntamiento un cambio en las condiciones económicas del mismo de cara a 2019 tras caducar la concesión ya que, según las mismas fuentes, alegaron que «no podían asumir así el servicio».

El PSOE presentó primero una enmienda que fue aceptada para, al final y tras más de dos horas y un largo receso, votar la retirada del punto junto al resto de la oposición. Su razón primera fue para añadir a la moción aspectos relacionados con «salvaguardar los derechos de los trabajadores» así como que los nuevos pliegos del contrato estuvieran en marzo.

Finalmente, el PSOE apoyó la retirada del punto que tendrá que ir al próximo pleno. Su explicación no es otra que «hay muchas cuestiones que no tenemos claras por lo que hemos pedido informes para clarificar varios puntos», según explicó el portavoz socialista Rubén Martínez.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos (Cs), Rafa Gasent, se unió al planteamiento de que por qué no esperar a lo que diga la resolución: «quieren hacer un revisión de previos y pagarles (a FCC) sin esperar a lo que diga la sentencia y sea firme». Porque existe la posibilidad de que se vuelva a dar la razón al Ayuntamiento y ese canon se mantenga en los 9,7 millones. Así, la formación naranja añadió que, de llevarlo a cabo, «son 1,2 millones menos en el presupuesto para otras cuestiones» por lo que, al final, «se repercute en el ciudadano».

Gema Amor, la portavoz de Liberales, siguió la misma línea además de indicar que «hay informes contradictorios» y «un procedimiento judicial en marcha» por lo que cabía esperar. «No entendemos que el PP vaya en contra de una propuesta que era suya», apuntó. Así, Compromís indicó que rechazan esa revisión de precios porque «el Ayuntamiento ya dijo en una auditoria que los no eran acordes» a lo que pedía la empresa y sirvió precisamente como defensa en el juzgado.

Con todo, desde el Gobierno se planteó en el pleno que no aprobar estas cuestiones podría tener consecuencias y que la responsabilidad quedaba sobre «los que han votado en contra». Entre ellas, podría estar una posible reclamación de FCC ante los tribunales por el contrato de 2018 además de los intereses de demora que puede reclamar la mercantil.

Además, la oposición también tumbó en el pleno la propuesta del edil de Recursos Humanos, Jesús Carrobles, para aprobar el estudio de Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) negociado y aprobado por cuatro de las cinco centrales sindicales en Mesa General de Negociación el 22 de enero.