El empresario que abrió la batalla judicial contra la adjudicación de la estación de autobuses de Benidorm al constructor Enrique Ortiz y que, finalmente, logró que los tribunales le dieran la razón volvió ayer a sembrar la duda sobre el proceso municipal para regularizar, de una vez por todas, la terminal. Así, el promotor Fernando Moragón alertó ayer, durante su comparecencia en la comisión de investigación para arrojar luz sobre el expediente de esta infraestructura, que tiene hasta el año 2020 para pedir ante los tribunales la ejecución de la sentencia que obligó a la ciudad turística a apartar al controvertido empresario del complejo por irregularidades en su desarrollo. Algo que, según apuntó, ya pidió en 2014 ante el Consistorio sin recibir respuesta alguna, de ahí la nueva amenaza judicial.
No hay que olvidar que la sentencia falló a favor del empresario denunciante debido a que Ortiz excedió el proyecto urbanístico inicial diseñado para la estación de autobuses. Por ello, el auto judicial obligó al Ayuntamiento a rescindir el contrato de explotación con el polémico empresario. Una orden dictaminado en 2012 que todavía no se ha cumplido. No obstante, de forma paralela, el Ayuntamiento legalizó en el plano urbanístico el exceso en las obras para poder sacar a licitación la terminal y zanjar el problema.
Unos trámites que ayer fueron puestos en tela de juicio por el empresario denunciante de la estación de autobuses, según diferentes fuentes consultadas por este diario que estuvieron presentes en la reunión que se celebra a puerta cerrada. Así, Moragón insistió en diferentes momentos de su comparecencia que tiene hasta 2020 para acudir a los tribunales y pedir la ejecución de sentencia que, según dejó entrever, podría volver a abrir el melón del exceso urbanístico denunciado en las obras de la estación.
El asunto no es baladí ya que, aunque, en principio, toda la infraestructura ha sido legalizada por el Ayuntamiento de Benidorm si Moragón volviera a acudir a los tribunales y un juez considera lo contrario se podría incluso pedir la demolición de parte del complejo, llegaron a apuntar fuentes municipales.
Unas dudas que el arquitecto municipal, José Luis Camarasa, quiso mitigar en su comparecencia al apuntar que «no hay ningún problema urbanístico» en la estación de autobuses.
Por su parte, el portavoz del PP, José Ramón González de Zárate, lamentó de nuevo que esta comisión es un intento político de la oposición para retrasar los trámites que permitan solucionar la estación. De otro lado, el presidente de la comisión, el edil de Ciudadanos (Cs) Juan Balastegui, se limitó a apuntar que el alcalde se niega a firmar el decreto para designar la vicepresidencia de la comisión a una edil socialista. «Espero que rectifique en los próximos días ya que es una propuesta de la comisión que se aprobó por mayoría», señaló el concejal naranja.
La edil de Liberales, Gema Amor, se mostró mas combativa al reclamar que se paralice la comisión paritaria que el gobierno de Benidorm ha retomado con Ortiz para dar salida a la estación de autobuses. «No sabemos la repercusión jurídica que puede tener la ejecución de sentencia y podria dejar una nueva concesión judicializada», advirtió la edil de Liberales.
Por su parte, el portavoz de Compromís-Los Verdes, Josep Bigorra, lamentó la «nueva sorpresa» en el expediente y recordó que ni Camarasa ni Moragón tenían constancia del «papelito» de Ortiz que dio inicio a esta comisión.
