El equipo de gobierno de Benidorm, ocho ediles del PP y dos concejales de CBM, volverá a subir el precio de la contrata de limpieza y recogida de residuos, que continúa en manos de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) a pesar de que el convenio y sus prórrogas caducaron al inicio de este año. La decisión se ha tomado después de que la concesionaria de este servicio exigiera al Ayuntamiento un cambio en las condiciones económicas del mismo de cara a 2019, como ya publicó este diario. Y, ahora, el concejal de Limpieza Viaria, Arturo Cabrillo, ha decidido dejar en suspenso el acuerdo plenario a través del cual se aplicó esta reducción ya que se basó en una sentencia que debe ser avalada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad, a petición de FCC. Por ello, el Consistorio ha decidido dar marcha atrás, al menos de forma momentánea, como se expone en un informe que será debatido en el próximo pleno al que tuvo acceso ayer este diario.

Inicialmente, el canon acordada fue 10,2 millones de euros anuales y, más tarde, quedo rebajado a 9,7 millones tras el reajuste de precios que efectuó el Ayuntamiento. Un cambio que fue respaldado, incluso, por un juzgado ordinario y de ahí que el Consistorio aprobara un acuerdo plenario en ese sentido que sirvió para aplicar la bajada desde 2012 hasta 2017. Sin embargo, ante la nueva situación el gobierno de Benidorm ha decidido recular y volver a pagar 10,2 millones de euros al año a FCC por el citado servicio.

Informes contradictorios

No obstante, cabe destacar que mientras que el informe solicitado a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento avala la decisión del gobierno de dejar en suspensión el acuerdo ya que la sentencia que lo sostiene «no es firme», la opinión del área de Contratación es otra. «Este Ayuntamiento, como administración pública al servicio de los intereses generales (...) tiene la obligación de ejecutar sus propios actos, los cuales están sometidos a la decisión de los tribunales», se apunta en el informe del citado .

Por todo ello, la portavoz del grupo municipal Liberales de Benidorm, Gema Amor, lamentó ayer una vez más la gestión del gobierno de Benidorm. «Es un nuevo suspenso para Toni Pérez y el PP, que pretende suspender un acuerdo plenario, apoyándose en informes contradictorios del secretario y contratación», recordó la concejal liberal a la vez que consideró que con esta actuación se generan todavía más «dudas y sombras» sobre la gestión, ya que el Ayuntamiento cuenta con una sentencia favorable que el primer edil «quiere ignorar». Una opción que Amor calificó de «irresponsable e inadmisible».