La sala segunda del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la pena a cinco años y diez meses de prisión por estafa agravada y falsedad en documento mercantil para los dos exdirectivos del parque temático de Benidorm Terra Mítica que fueron sentenciados en abril de 2016 por la Audiencia de Valencia por fraude durante los trabajos de construcción del recinto a través de una trama de facturas falsas para defraudar a Hacienda. Se trata del primer caso de corrupción que estalló de los años del Gobierno del PP, a finales de la década de los 90.

De este modo, la sala ha rechazado los recursos interpuestos por los exdirectivos Justo Valverde, que fue el responsable de Contratación del parque, y Antonio Rincón, ex director técnico, que siguen condenados a los cinco años y diez meses de prisión que les impuso la Audiencia y a quienes el fallo consideró los cabecillas de esta trama.

Por contra, el TS mantiene la absolución del expresidente de Terra Mítica Luis Esteban y del que fuera director general Miquel Navarro, que fueron liberados de los cargos por la Audiencia, en una sentencia que corrige el Supremo en el sentido de enmendar errores materiales, al reducir de 22 a 19 el número de condenados y rebajar ligeramente las penas a algunos de ellos.

El fallo de la sección quinta de la Audiencia de València consideró probada la existencia de esta red de facturas falsas durante la construcción del parque con la que los condenados estafaron 6,3 millones a la Hacienda Pública y causaron un perjuicio de 1,3 millones de euros a Terra Mítica. El TS mantiene que los directivos Valverde y Rincón tenían contacto con el empresario Conesa y los tres, de común acuerdo, validaron facturas falsas por trabajos no realizados. En el caso de Valverde, las firmó a sabiendas de que no se habían cumplidos los «férreos procedimientos» de contratación por él establecidos.

Por el caso Terra Mítica se sentaron en el banquillo de los acusados cuatro exdirectivos del parque -dos absueltos y dos condenados cuyas sentencias se mantienen- y 31 empresarios, de los que once fueron también absueltos. En su conjunto, la Audiencia impuso 305 años y cuatro meses de prisión para 22 de ellos, que ahora se reducen a 19, con penas individualizadas entre los cuatro y los casi 47 años de cárcel y una multa de 71.259.633 euros.