La Comisión para investigar la posible ocultación o desaparación de documentos ligados a los trámites de la estación de autobuses de Benidorm, uno de los expedientes más controvertidos que atesora el Ayuntamiento de la ciudad turística, quiere comenzar en un plazo de 10 días la ronda de comparecencias de personas vinculadas a este proceso para arrojar algo de luz al mismo. Y, los primeros en ser llamados a declarar, serán el máximo responsable técnico del expediente, el arquitecto municipal, José Luis Camarasa, y el empresario que denunció a Enrique Ortiz por cometer infracciones urbanísticas en el desarrollo de la terminal, Fernando Moragón. Así se expone en el orden del día de la próxima sesión, al que tuvo acceso ayer este diario.
Cabe recordar que este órgano, que echó a andar hace cosa de un mes presidido por el portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs) en el Consistorio, Juan Balastegui, ha confeccionado ya una lista de un total de 25 personas ligadas, de una forma u otra, al expediente de la estación de autobuses de la ciudad turística para aclarar si hay documentos que pueden ser decisivos en la resolución del conflicto que la capital de la Costa Blanca mantiene con el empresario Enrique Ortiz por este asunto.
No hay que olvidar que hace unos meses apareció un «papelito» firmado por el controvertido empresario referente a la indemnización que debía cobrar por la rescisión del contrato de explotación de la infraestructura. Un documento donde Ortiz rechazaba ingresar nada en este sentido y que, para más inri, apareció en el ya bautizado como «armario de las cosas raras» del departamento de Intervención. Por todo ello, los grupos de la oposición se aliaron para formar esta comisión de investigación que ahora dará un paso más con el inicio de las comparencias de las personas ligadas el expediente.
Procedimiento paralelo
No obstante, hay que tener en cuenta que, por otra parte, el gobierno de Benidorm ha retomado la comisión paritaria con Ortiz para desbloquear de una vez por todas el problema de la estación de autobuses, cuyo contrato de explotación, todavía en manos del constructor, debería haber sido rescindido hace algo más de un lustro, como ordenó una sentencia judicial.
