El gobierno de Benidorm, compuesto por ocho ediles del PP y dos concejales de Ciudadanos por Benidorm (CBM), va a contratar a una empresa para que se encargue de realizar determinados informes de Urbanismo. Una decisión con la que el ejecutivo local quiere evitar que los técnicos de este departamento dejen de lado sus labores rutinarias, como justificó ayer la concejal responsable de este área, Lourdes Caselles, tras especificar que se tratan de tareas que requieren de una «especialización que los técnicos no tienen» y, por ende, asumirlas provocaría un colapso en el día a día del departamento local.

En concreto, los informes municipales que se dejarán en manos de una empresa externa son los relativos a «la viabilidad y sostenibilidad económica de instrumentos de planeamiento, gestión y equidistribución, así como expedientes de expropiación del patrimonio público municipal». Así se apunta en el objeto del contrato que el Ayuntamiento de Benidorm está licitando con este fin por cerca de 40.000 euros por año durante dos ejercicios, más otros dos de prórroga.

Trabajos anteriores

Así las cosas, la mesa de contratación del Ayuntamiento benidormense abrió ayer las ofertas económicas de este proceso de licitación, aunque, en este caso, solo había una propuesta a analizar ya que la firma Laboratorio de Arquitectura y Territorio SLP ha sido la única que se ha presentado al mismo, como se criticó ayer desde el grupo municipal Compromís-Los Verdes. El portavoz de esta agrupación, Josep Bigorra, puso en tela de juicio la solvencia de la consultara al recordar que fue la misma que se ocupó de realizar otros estudios para el Consistorio, como la valoración de la estación de autobuses sobre el documento que había realizado el arquitecto municipal que el concejal nacionalista calificó de «dudoso» y «erróneo».

El portavoz de Compromís-Los Verdes se mostró muy crítico con la firma seleccionada. «La futura adjudicataria es la misma que ya se quedó anteriores contratos de elaboración de informes del Ayuntamiento de Benidorm. Concretamente, el de tasación de informes periciales en impuestos de plusvalías, por 17.925 euros, otorgado en 2017, o el anterior y polémico informe que determinaba si se había hecho correctamente la valoración de la estación de autobuses realizada por el arquitecto municipal», recordó Bigorra, quien apostilló que «este documento certificaba esta última valoración aunque empleaba valores del ICIO inexistentes y que luego rebajó enormemente la valoración realizada por una empresa tasadora certificada por el Banco de España, pasando de los 35,4 millones a los 25,4 millones de euros».

Recelos

«Qué casualidad que cuando el gobierno de PP y CBM hace contrataciones externas sobre urbanismo, a las que nos oponemos, casi siempre van a parar a la misma empresa y qué casualidad que sea la misma empresa que hizo una comprobación tan dudosa de la valoración de la estación de autobuses de Benidorm», censuró Bigorra, quien añadió que «la oferta de contratación le otorgará una cantidad fija en lugar de establecer un precio unitario por informe, favoreciendo claramente a la empresa adjudicada». El concejal de Compromís fue más allá y aseguró que durante este proceso de licitación, por primera vez, «no se convocó a los miembros de la corporación municipal a la apertura del sobre A de la mesa de contratación», donde se plantean las proyectos técnicos de cada empresa para el contrato en cuestión.

Otras externalizaciones

Bigorra aprovechó la circunstancia para censurar las externalizaciones que el gobierno de la ciudad turística está realizando. «También se va a licitar la redacción, tramitación y ejecución del planeamiento y las obras públicas, en la que sólo se ha presentado una empresa», recordó el edil. «Parece que cuando se trata de privatizar y de confiar en los mismos, el gobierno municipal cada día es más experto», lamentó.