Enterrar el hacha de guerra contra el tercer mecadillo de Benidorm, ubicado en la avenida Comunidad Valenciana a la altura de la ITV. Esa es la recomendación técnica que tienen encima de la mesa los distintos grupos políticos del Ayuntamiento de la ciudad turística que deberán decidir en el próximo pleno si proseguir o no con la batalla legal abierta contra el Outlet Market, como se trasladó ayer durante una Junta de Portavoces.
Se trata de un mercadillo que, tras años de rechazo por parte del pequeño comercio de la capital de la Costa Blanca, arrancó su actividad hace unos meses mientras que en los juzgados se dirimía si las licencias que le fueron otorgadas desde la administración local podían ser anuladas al considerar la actividad lesiva para el interés general. La primera sentencia de la contienda judicial, abierta por el propio Ayuntamiento de Benidorm que llegó a demandarse a sí mismo para lograr revocar los permisos al rastro, llegó hace unas semanas y en ella el juez consideraba que el negocio no incurría en la «lesividad» denunciado por el Consistorio benidormense. Así las cosas, ahora el Ayuntamiento debe decidir si recurrir la sentencia o, por contra, dejar estar la batalla legal contra el Outlet Market. Una decisión que se tomará en el próximo pleno pero sobre la cual los informes técnicos solicitados por el gobierno de Benidorm, PP y CBM, ya se han pronunciado de forrma desfavorable.
Así, la Secretaría General del Ayuntamiento ha emitido un informe, que se ha trasladado ayer al resto de grupos durante la Junta de Portavoces, donde concluye que plantear un recurso de apelación a la misma «por parte municipal no aporta más que potenciales desventajas y costes adicionales». Así lo explicó la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, quien indicó que en el informe el secretario municipal se reafirma en su opinión de «no proseguir con el recurso de apelación».
La edil de Urbanismo explicó que «este informe, junto con la demanda planteada en su día por el Ayuntamiento, se ha incluido en el orden del día de la Comisión Informativa de Régimen Interior del próximo lunes, 17 de diciembre" para su «estudio por parte de los miembros de la corporación». Del mismo modo, se dará cuenta del mismo en el próximo pleno ordinario. Caselles ha recordado que, en base a un acuerdo del año 2015, deberá ser la corporación en pleno la que decida, en todo caso, plantear el recurso de reposición.
En la sentencia que ha motivado este informe de la Secretaría General la magistrado sostiene que tanto el decreto de concesión de la licencia ambiental para el rastro como la concesión «por silencio administrativo» de la licencia de obra son «conformes a Derecho» y apunta que el expediente se inició en 2013.
A la vista de la sentencia, Caselles recalcó que el relato cronológico recogido acredita que la tramitación favorable de este expediente se realizó durante la anterior legislatura, «bajo gobierno de PSOE y Liberales de Benidorm. licencia ambiental».
El enfado del comercio
El presidente de la asociación de comerciantes de Benidorm (Aico), Raúl Parra, manifestó ayer su enfado ante esta la sentencia y la situación actual. A su juicio, el Ayuntamiento «no quemó todos los cartuchos» durante el juicio que podrían haber evitado la sentencia desfaborable. «No se llamó a declarar a todos los técnicos afectados ni a otros actores clave en el proceso», lanzó Parra.
